Un ajuste inesperado en las cuentas fiscales
El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) presentaron finalmente el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) bajo la administración del presidente José Antonio Kast. Tras dos postergaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, informaron sobre inconsistencias técnicas detectadas en la proyección de la deuda bruta del Gobierno Central.
El hallazgo principal apunta a errores aritméticos en los cálculos realizados durante el cuarto trimestre del año pasado, correspondientes a la gestión del exministro Nicolás Grau y su directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Según las autoridades actuales, estas fallas provocaron una subestimación en la proyección de la deuda pública para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.
Impacto en la deuda pública y el PIB
El impacto financiero de este error asciende a cerca de US$ 10.500 millones, cifra equivalente a aproximadamente tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) o 9.559.289 millones de pesos. Este desfase compromete la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, ya que las proyecciones iniciales no reflejaban la realidad de los compromisos financieros del Estado.
De acuerdo con el documento presentado por la nueva administración, el ejercicio técnico revela una trayectoria de deuda significativamente más elevada de lo previsto anteriormente. Se estima que, debido a esta actualización, se superaría el tope prudente de deuda pública del 45% del PIB hacia el año 2028, llegando a niveles cercanos al 46% al finalizar el horizonte de proyección.
Investigación en curso
Para contextualizar la magnitud del ajuste, cabe recordar que en el informe publicado el pasado febrero, la proyección indicaba que la deuda llegaría al 42% del PIB en diciembre de 2025, año que cerró con un ratio del 41,7%. Ante la gravedad de la situación, el ministro Jorge Quiroz confirmó el inicio de una investigación exhaustiva para aclarar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el cálculo erróneo. Dicho proceso administrativo podría derivar en la apertura de un sumario interno dentro de las instituciones fiscalizadoras del país.
