El caso que sacude al Ministerio de Vivienda
El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió directamente a la grave denuncia presentada contra Susan Chicuy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme. El caso gira en torno a la obtención irregular de un beneficio habitacional perteneciente al programa Fondo Solidario de Vivienda, un subsidio diseñado exclusivamente para el segmento del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
La investigación apunta a que, para poder calificar al beneficio estatal, la mujer habría omitido declarar al diputado Riquelme en su Registro Social de Hogares. Esta maniobra técnica le permitió alterar su calificación socioeconómica para obtener la vivienda. La denuncia formal fue ingresada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Magallanes ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Antecedentes financieros y el rol del Serviu
Más allá de la arista habitacional, el caso toma un tinte más complejo debido a la situación financiera de la pareja. Informes periodísticos indican que tanto el diputado Riquelme como Chicuy compartieron la administración de tres sociedades distintas. En este marco, se reportó que una de estas entidades recibió transferencias superiores a los $400 millones por parte del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y la Tesorería General de la República durante el año 2022.
Respecto a este escenario, el ministro Poduje fue enfático al señalar: «Nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual. Nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley».
Refuerzo en la fiscalización de subsidios
El secretario de Estado aprovechó la instancia para recalcar que el Minvu mantiene revisiones constantes para detectar estas irregularidades en el sistema. Según detalló la autoridad, actualmente existen 3 mil casos que se encuentran bajo revisión minuciosa por parte de la repartición pública.
«Tenemos que aumentar la fiscalización porque cada vivienda social que se ocupa de forma irregular, es un hogar vulnerable que se queda sin casa y eso no lo podemos permitir como ministerio», sentenció Poduje. El Ejecutivo mantiene su compromiso de perseguir estas irregularidades, mientras el caso de la pareja del parlamentario por Magallanes sigue su curso en tribunales y organismos fiscalizadores.
