La urgencia por destrabar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal llevó a diversas organizaciones sociales hasta el Ministerio del Trabajo, donde expusieron los obstáculos que impiden el acceso al mercado laboral de miles de mujeres. La iniciativa busca terminar con la actual discriminación laboral que afecta a las trabajadoras, eliminando la restricción de empresas con 20 o más trabajadoras y convirtiendo el beneficio en un derecho garantizado para toda mujer con hijos menores de 2 años.
Financiamiento y desempleo femenino
El actual escenario del empleo femenino en Chile, que marca una tasa de desempleo del 10%, fue el foco del encuentro. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la relevancia de la propuesta pero subrayó la necesidad de definir mecanismos claros. “Hemos estado conversando con diversas organizaciones y entendemos que es un proyecto muy importante, sobre todo con la situación del empleo femenino, pero por supuesto tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible”, afirmó el secretario de Estado.
Según los datos expuestos por las organizaciones, actualmente existen más de 25 mil mujeres con hijos menores de 2 años que se encuentran en condición de cesantía. Además, se denunció una práctica recurrente en el sector privado: muchas empresas limitan deliberadamente sus contrataciones a la trabajadora número 19 para evitar la obligatoriedad del beneficio vigente.
Propuestas y gradualidad
Desde la Fundación Ronda, su directora María José Escudero valoró la apertura del Ejecutivo. Tras la reunión, sostuvo que existe consenso en la importancia de la medida y que el Gobierno aplicará ajustes centrados en la gradualidad.
Que los principales puntos, el ministro está de acuerdo con que son necesarios y que solamente nos hizo el alcance de que ellos quieren cubrir el 100% de nuestras peticiones, pero con una gradualidad mayor.
Escudero precisó que la implementación probablemente comenzará con trabajadoras dependientes para luego integrar progresivamente a otros grupos, incluyendo a los padres.
Actualmente, el proyecto se tramita en la Comisión de Educación del Senado. El Gobierno cuenta con plazo hasta el 15 de junio para presentar las indicaciones oficiales, tras lo cual se abrirá el espacio para las propuestas de los parlamentarios. La clave de esta discusión será cómo el Ejecutivo estructurará el Fondo de Sala Cuna administrado por el Estado para asegurar que el beneficio sea sostenible en el tiempo sin afectar la estabilidad económica.
