El impulso minero en Mendoza
La denominada fiebre del cobre en Argentina suma un nuevo protagonista. El proyecto minero San Jorge, operado por la empresa del mismo nombre, confirmó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que contempla una inversión de US$891 millones, busca desarrollar una nueva mina de cobre en la provincia de Mendoza.
Desde el Ministerio de Economía trasandino, confirmaron a través de la red social X el impacto positivo de esta operación. Se proyecta que la construcción y puesta en marcha del yacimiento generará más de 6.300 empleos directos e indirectos, reforzando la estrategia oficial para posicionar al país como un actor clave en la producción cuprífera regional.
Beneficios del RIGI y alcances internacionales
¿Qué garantiza el RIGI a las empresas que deciden invertir en Argentina? Este marco legal ofrece un blindaje jurídico y económico de gran alcance. Entre los beneficios principales destacan:
- Estabilidad tributaria: Garantizada por un periodo de 30 años.
- Flexibilidad cambiaria: Exclusión de la obligación de liquidar divisas por exportaciones en el mercado interno.
- Garantías fiscales: Incluye exenciones específicas en los derechos de exportación.
- Seguridad jurídica: Acceso directo a arbitraje internacional para la resolución de cualquier tipo de disputa.
Este paquete de medidas ha incentivado una oleada de proyectos no solo en cobre, sino también en los sectores de oro y plata. Tal es el interés que grupos como Antofagasta plc, propiedad de la familia Luksic, analizan posibles asociaciones con proyectos establecidos, vislumbrando una oportunidad para actuar como plataforma de servicios desde Chile.
¿Qué sigue tras el éxito del régimen?
El panorama para los inversores podría volverse aún más exigente pero ambicioso. La administración de Javier Milei presentó al Congreso el denominado “Súper RIGI”, bajo el nombre oficial de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones Nuevas Industrias.
La nueva normativa busca ampliar los beneficios existentes, pero establece un umbral de entrada más elevado: se requerirá un monto mínimo de inversión de US$1.000 millones para los nuevos proyectos, dejando fuera de este esquema de incentivos a las ampliaciones o modernizaciones de iniciativas que ya operan actualmente en territorio argentino.
Mientras este proyecto legislativo avanza, el sector minero argentino mantiene la expectativa sobre cómo estas reglas del juego definirán el ritmo de la inversión extranjera directa durante los próximos años.
