El Gobierno de José Antonio Kast tomó la determinación de remover a Macarena Cortés de su cargo como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. La abogada, quien fue la primera persona en liderar esta entidad, no alcanzó a completar seis meses en el puesto antes de que se le solicitara su salida.
Según trascendió a través de La Tercera, la decisión fue comunicada tras una reunión en la que participaron el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva (militante republicano). Aunque la gestión de Cortés fue calificada positivamente por el Ejecutivo, fuentes oficiales señalaron que el cambio busca imprimir un nuevo enfoque estratégico en la institución. En cuanto a su reemplazo, el Gobierno precisó que el próximo titular será seleccionado mediante un proceso de Alta Dirección Pública.
Gremios advierten riesgos de retrasos en la reforma
La salida de Cortés generó una rápida respuesta por parte de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ). A través de un comunicado público, la organización rechazó tajantemente la desvinculación, advirtiendo que este ajuste en la cúpula directiva no debería convertirse en un obstáculo para la implementación de la reforma en curso.
La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, fue enfática respecto a las expectativas del proceso. Al respecto, señaló:
La creación de esta nueva institucionalidad responde a una demanda histórica y su éxito depende también de abordar las condiciones laborales de quienes actualmente sostienen el sistema de asistencia jurídica.
Escalante recordó que, durante décadas, los funcionarios han sostenido las Corporaciones de Asistencia Judicial bajo un escenario de precarización, sobrecarga laboral y escaso reconocimiento institucional. Por esta razón, el gremio instó a las autoridades a proceder con responsabilidad y celeridad en la búsqueda de la nueva jefatura.
El objetivo, recalcaron desde el sindicato, debe ser garantizar la continuidad técnica y política del servicio, resguardando siempre la meta de fortalecer el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables del país. La incógnita ahora radica en cuánto afectará este cambio de mando los tiempos de respuesta y la consolidación de la nueva institucionalidad moderna que el sistema requiere.
