La Contraloría Regional de Tarapacá encendió las alarmas tras detectar deficiencias críticas en los protocolos antidrogas y de seguridad del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique. El informe, que analiza los procedimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Servicio Nacional de Aduanas, expone riesgos significativos para el terminal aéreo durante el 2025.
Uno de los hallazgos más preocupantes ocurrió el 11 de octubre de 2025, cuando se detectaron 12,5 kilos de pasta base de cocaína repartidos en cinco maletas del vuelo LATAM LA907. Según el documento oficial, el equipaje quedó sin custodia policial durante varias horas en la zona de revisión. Además, se reveló que Aduanas no registró el hallazgo, comprometiendo la trazabilidad del proceso. En ese mismo operativo, la DGAC instó a la aerolínea a llamar a los dueños de las maletas por altoparlantes, lo que permitió que los sospechosos huyeran y abandonaran el equipaje sin supervisión. La Contraloría destacó que, durante cerca de siete horas, no hubo presencia de Carabineros en el recinto.
Déficit operativo y tecnología obsoleta
El organismo fiscalizador también cuestionó la capacidad operativa de la Unidad de Drogas del Servicio Nacional de Aduanas. Durante el 2025, solo se efectuaron 82 inspecciones, cifra que representa apenas el 7% de las operaciones aéreas registradas en el primer trimestre, cuando hubo un flujo de 1.204 vuelos.
La tecnología de seguridad también presenta fallas graves. El bodyscan de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la zona de embarque, se encuentra inoperativo, aumentando la vulnerabilidad ante el ingreso de sustancias ilícitas. Por su parte, el circuito cerrado de televisión (CCTV) de la DGAC opera con credenciales de acceso compartidas y carece de respaldos históricos, lo que impide determinar quién accede al sistema. Incluso, se detectó la presencia de WhatsApp instalado en el equipo de monitoreo, elevando el riesgo de filtración de datos sensibles.
Medidas correctivas y futuro de la seguridad
Ante este escenario, la Contraloría dictaminó medidas urgentes para los entes involucrados. Aduanas deberá implementar un sistema obligatorio de registro de hallazgos y aumentar la cobertura de fiscalización. La DGAC deberá coordinar con las aerolíneas protocolos estrictos para la comparecencia de pasajeros y establecer accesos individuales al sistema de vigilancia.
Mientras tanto, Carabineros tiene el mandato de reducir los tiempos de respuesta y la PDI debe acreditar la operatividad del bodyscan y sus permisos sanitarios. El futuro de la seguridad en el terminal depende de la capacidad de estos organismos para coordinar sus funciones y eliminar las brechas operativas detectadas. ¿Serán suficientes estas medidas para garantizar que el aeropuerto deje de ser un punto vulnerable para el tráfico ilícito?
