En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzó el juicio contra el empresario de la construcción Alejandro Becker Puebla. El Ministerio Público lo acusa de una serie de delitos económicos, incluyendo fraude al fisco, provocación de insolvencia, ocultamiento de libros contables y distracción de bienes, perjuicios que superarían los 400 millones de pesos.
El origen del fraude: la conexión con Vialidad
El fiscal de Delitos Económicos, Raúl Espinoza, detalló que el caso se centra en la ejecución de un contrato para un camino en la Región de La Araucanía. Según la acusación, Becker habría emitido una factura de manera indebida, lo que generó un perjuicio directo a las arcas fiscales durante su gestión en la empresa constructora CIAL, entidad que mantenía contratos constantes con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
Sobre este punto, el abogado Claudio Jara, en representación del Consejo de Defensa del Estado (querellante en la causa), señaló:
Se persigue la responsabilidad de Becker como representante legal de la empresa constructora CIAL, que tenía numerosos contratos con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, específicamente por la emisión de una factura por 424 millones de pesos.
Insolvencia y sociedades en el extranjero
El fiscal Espinoza también profundizó en el delito de insolvencia impunible. Según la investigación, se detectaron transacciones desde una empresa propiedad de Becker hacia diversas sociedades constituidas en Panamá. El objetivo de este movimiento financiero habría sido ocultar activos y perjudicar a los acreedores de la sociedad Agrícola Los Pinos, la cual terminó siendo declarada en quiebra.
Estado del juicio y penas solicitadas
El proceso judicial, que ha generado gran expectación en la zona, está programado para desarrollarse durante nueve jornadas. La sala encargada de determinar la culpabilidad o inocencia del imputado está integrada por los jueces Luis Torres Labbé, Priscila Franzen y Cecilia Subiabre, quienes deberán ponderar la prueba presentada por la fiscalía, la defensa y el querellante.
Respecto a las penas, el Ministerio Público solicita sanciones que van desde los 541 días a 3 años y 1 día de presidio. Por otra parte, la acusación particular es mucho más severa, solicitando penas que alcanzan los 10 años y 1 día de presidio. Consultados por Radio Bío Bío, los abogados defensores de Alejandro Becker declinaron hacer declaraciones en esta etapa del juicio.
