Tensión en la oposición por la Acusación Constitucional contra Grau
La acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Economía, ha generado un fuerte choque al interior de la oposición. Todo comenzó el pasado martes, cuando el Partido Republicano, en conjunto con sectores libertarios, anunció el libelo acusatorio argumentando que existirían inconsistencias, dolo y falseamiento de cifras en el cálculo de la proyección de la deuda durante la gestión del exsecretario de Estado.
El conflicto escaló cuando el diputado republicano Agustín Romero emplazó a Chile Vamos, cuestionando su falta de apoyo inmediato al documento. Romero advirtió en el programa Desde la Redacción de La Tercera que, si el sector no se sumaba a la iniciativa, «tendrán que responder ellos ante su electorado. Si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer».
La dura respuesta de la UDI
La bancada de diputados de la UDI, encabezada por Flor Weisse, no tardó en reaccionar ante los dichos del parlamentario republicano. El diputado Eduardo Cretton fue el primero en salir al paso a través de su cuenta en la red social X, sentenciando que la colectividad «no actúa bajo amenazas ni presiones».
Posteriormente, el partido emitió una declaración pública formal. En ella, reiteraron que su actuar siempre se ha basado en la «responsabilidad, convicción y autonomía política». Los parlamentarios fueron tajantes al señalar: «Rechazamos las declaraciones del diputado Agustín Romero, por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales».
El fin de los «eslóganes»
En el texto emitido por el partido, destacaron un mensaje directo hacia la estrategia política de sus aliados: «Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron». La bancada hizo un llamado a la madurez y a la responsabilidad política, calificando las actitudes de Romero como acciones que «solo debilitan el trabajo que el país exige».
Finalmente, la UDI justificó su cautela respecto a la acusación constitucional. Aseguraron que este tipo de herramientas requiere de un alto estándar: «Exigen rigor, antecedentes claros y un mínimo de coordinación política». Según los gremialistas, estas condiciones no se habrían cumplido en este caso, argumentando que la propuesta no fue comunicada previamente al resto del oficialismo y solo se dio a conocer a través de los medios de comunicación.
