Una nueva arremetida judicial enfrenta el caso ProCultura. Este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta realiza una audiencia de formalización contra Alberto Larraín, fundador de la fundación, y María Constanza Gómez, exrepresentante legal de la institución, imputados por el Ministerio Público bajo el cargo de apropiación indebida.
Esta diligencia marca un hito distinto dentro de la investigación por los convenios suscritos entre la ONG, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). A diferencia de las etapas iniciales, centradas en delitos de fraude al fisco, la Fiscalía busca ahora esclarecer el destino de los recursos mediante esta nueva figura penal.
La postura de la Fiscalía y querellantes
El Ministerio Público pretende reimpulsar el caso aportando nuevos antecedentes tras haber fracasado, en una instancia previa, en su intento por obtener la prisión preventiva de los imputados. Ante esta situación, el exintendente de Antofagasta y querellante en la causa, Pablo Toloza, manifestó la expectativa de que el accionar judicial no se limite únicamente a la región nortina.
Nosotros entendemos que se configura el delito de apropiación indebida. Esperamos, además, que no solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la arista de Antofagasta, sino que también se amplíen las formalizaciones a las otras regiones donde igualmente se investiga este ilícito.
La postura de Toloza subraya la relevancia nacional de este proceso, instando a una estandarización de las acciones legales en todos los territorios donde la fundación ejecutó proyectos con fondos públicos.
Defensa de Larraín contraataca
Desde la vereda opuesta, la estrategia legal encabezada por el abogado Cristian Arias ha sido tajante al desestimar las acusaciones. El defensor argumentó que los hechos imputados ya fueron materia de revisión en otras causas, calificando la arremetida de la Fiscalía como un intento similar al que, según su visión, resultó fallido en Santiago respecto al GORE Metropolitano.
«En verdad, lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago por el GORE Metropolitano, con resultados que todos vimos que fueron contundentes en contra del Ministerio Público; fueron desastrosos para el Ministerio Público», señaló Arias. Además, la defensa vinculó la interrupción de los proyectos al impacto del caso Democracia Viva, descartando intencionalidad delictiva en la gestión de los convenios.
Por ahora, la causa sigue abierta y sujeta a la determinación que tome el tribunal en esta nueva audiencia. La interrogante que queda instalada para las próximas semanas es si estos nuevos antecedentes permitirán al ente persecutor avanzar en una condena o si, como sostiene la defensa, la investigación se encamina nuevamente a la desestimación de los cargos.
