Un ciudadano boliviano, identificado como Sergio Malale Roca, protagonizó una llamativa huida judicial tras ser detenido en la sede de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. El sujeto, quien ingresó a Chile el pasado 29 de abril por el paso fronterizo de Colchane, fue interceptado apenas una semana después por el personal de seguridad del recinto universitario.
El operativo ocurrió el 6 de mayo, cuando guardias detectaron al individuo en una actitud sospechosa mientras permanecía a bordo de una motocicleta en los estacionamientos de la casa de estudios. Al inspeccionar sus pertenencias, hallaron una mochila que contenía cerca de 260 gramos de marihuana, distribuidos en cinco bolsas herméticas diseñadas para café.
Protocolos de seguridad y proceso judicial
Sobre el procedimiento, Sergio Hermosilla, vicerrector de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia, ratificó la efectividad del actuar interno de la institución al momento de detectar al sujeto. Tras la detención, Malale Roca fue formalizado por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
El tribunal decretó en su contra medidas cautelares de arraigo nacional y la obligación de firma mensual ante Carabineros. El primer control estaba fijado para el viernes 15 de mayo; sin embargo, el imputado no se presentó, incumpliendo así la disposición judicial establecida en la capital de la región de Los Lagos.
Cambio de domicilio al norte del país
La situación tomó un giro inesperado el lunes 18 de mayo. El abogado privado del imputado, con residencia en Santiago, notificó formalmente al tribunal un cambio de domicilio de su representado. El pedido fue acogido apenas 24 horas después por la justicia, autorizando que el individuo dejara Puerto Montt para fijar su nueva residencia en Iquique.
Esta decisión judicial implica que la firma mensual, originalmente asignada en el sur del país, deberá cumplirse ahora en una comisaría del extremo norte. Con este cambio de jurisdicción ya validado, el imputado tiene como nueva fecha límite para presentarse a firmar el próximo 15 de junio. ¿Cómo continuará el proceso ante este traslado de las medidas cautelares a más de 2.000 kilómetros de distancia del lugar de los hechos?
