La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime un proyecto clave para la ley de seguridad privada, extendiendo en un año el plazo para la puesta en marcha de sus nuevas exigencias. La medida responde a una necesidad urgente, dado que el límite original vencía el próximo 28 de mayo, fecha para la cual gran parte de los servicios obligados no han logrado adaptarse a los estándares vigentes.
¿Por qué era necesario este cambio? Entidades críticas como bancos, empresas de transporte de valores y estaciones de servicio tienen la obligación de presentar nuevos estudios de seguridad específicos por cada sucursal o instalación. Sin embargo, la falta de una plataforma informática centralizada para gestionar autorizaciones y registros ha impedido que los procesos avancen conforme a lo planificado originalmente.
Desafíos técnicos y administrativos en la regularización
La situación también afecta a personas naturales, donde una proporción significativa de los trámites se encuentra pendiente de cara a mayo de 2026. Además, la nueva normativa exige niveles más altos de capacitación y evaluación para el personal de seguridad privada, pero la capacidad institucional actual resulta insuficiente frente a la masiva demanda de regularización que involucra a más de 35 mil guardias y vigilantes a la espera de renovar sus permisos.
Aunque inicialmente el Ejecutivo propuso una extensión de seis meses, la Comisión de Seguridad Ciudadana, tras escuchar a representantes de Carabineros y expertos del sector, decidió ampliar el periodo a un año. El informe fue presentado por el diputado Jaime Coloma y contó con un extenso debate donde participaron legisladores como Marisela Santibáñez, Javier Olivares, Bernardo Salinas, Cristian Neira, Eileen Urqueta, Cristián Araya, José Antonio Rivas, Cristian Contreras, Daniel Lilayu, Enrique Bassaletti, Tatiana Urrutia, Juan Carlos Beltrán, Jaime Mulet y Hans Marowski.
Advertencia de colapso y mirada hacia el futuro
La ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, fue enfática al señalar que la aprobación del proyecto es vital para evitar una parálisis operativa.
La ministra afirmó que la prórroga no constituye un cheque en blanco, sino un tiempo técnico necesario para consolidar la plataforma informática y la aplicación del reglamento.
Steinert reveló que, a pocas semanas del vencimiento, apenas el 5% de las entidades obligadas había presentado sus estudios de seguridad.
Durante la discusión legislativa, si bien hubo consenso sobre la necesidad de esta prórroga para evitar una crisis inmediata, varios diputados cuestionaron la falta de planificación estatal y las deficiencias estructurales que arrastran de periodos anteriores. El consenso general apunta a que este tiempo adicional debe ser utilizado para una reforma más profunda. El siguiente paso, según la cartera de Seguridad, será perfeccionar la estructura normativa y optimizar la plataforma digital, descartando medidas como el silencio positivo para asegurar que todas las autorizaciones cuenten con una revisión técnica rigurosa.
