Se cumple exactamente un año desde que Manuel Monsalve abandonó el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, marcando el inicio de la fase final en la investigación penal que sacudió al gobierno del presidente Gabriel Boric. Este miércoles 20 de mayo vencen los 120 días de plazo extraordinario decretados por el tribunal para cerrar las diligencias pendientes en el caso donde se le imputan delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna, ocurridos en septiembre de 2024.
Del poder político al banquillo de los acusados
El exsubsecretario de Interior, médico de profesión y figura clave en la gestión de seguridad del Ejecutivo, pasó de ser uno de los interlocutores más influyentes del oficialismo a convertirse en el protagonista de una crisis política de alta envergadura. La denuncia en su contra no solo reconfiguró el gabinete, sino que expuso al Gobierno a un intenso escrutinio público sobre el manejo de la denuncia. Manuel Monsalve, quien fuera el responsable de la seguridad pública, hoy se enfrenta a un escenario donde la Fiscalía y su defensa deben presentar sus últimas cartas ante los tribunales antes de avanzar hacia la preparación del juicio oral.
El paso por Capitán Yáber y los nudos de la defensa
El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema revocó su prisión preventiva tras acoger un recurso de amparo, reemplazándola por arresto domiciliario total y arraigo nacional. A su salida, el imputado insistió en su postura:
Quiero reiterar mi inocencia. La privación de libertad no es un privilegio para nadie.
Durante su estancia en el recinto penal, protagonizó hechos comentados, como la asistencia médica prestada a Luis Hermosilla tras una descompensación.
En lo procesal, la defensa intentó desacreditar los peritajes del Servicio Médico Legal, alegando insuficiencia en el material genético. La Fiscalía, encabezada por los persecutores Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, contraatacó señalando que era 83 millones de veces más probable que la huella genética perteneciera a Monsalve. En diciembre, los fiscales solicitaron penas que totalizan casi 14 años de cárcel: 10 años y un día por violación y 4 años y un día por abuso sexual.
La pugna por la privacidad y el futuro del caso
La abogada querellante María Elena Santibáñez, junto a Pablo Ortiz Chamorro y Nicolás Padilla Moya, ha denunciado tácticas para desprestigiar a la víctima. Según los querellantes, el abogado defensor Víctor Providel Labarca habría colaborado en la difusión de antecedentes privados ajenos a la causa para minar la imagen de la denunciante. Por su parte, Monsalve ha sostenido en entrevistas que cometió un error personal al salir con una subalterna, pero que eso no constituye un delito.
Mientras se acerca la preparación del juicio, permanece en suspenso la causa paralela por gastos reservados, que aún se mantiene de forma desformalizada. El fin de este plazo marca el punto de no retorno para definir si el caso llegará a una sentencia condenatoria o si la estrategia de la defensa logrará cambiar el rumbo del proceso en el juicio oral.
