La justicia española ha dado un paso clave en el caso Plus Ultra al imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. El caso, que mantiene en la mira el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea durante la pandemia, implica una supuesta trama para cobrar cerca de dos millones de euros en comisiones ilegales.
¿Qué responde Rodríguez Zapatero ante la justicia?
Tras conocerse la imputación, el exmandatario difundió un video dirigido a la prensa local, citado por El Mundo, donde negó categóricamente haber realizado gestiones ante organismos públicos. Rodríguez Zapatero enfatizó que su actividad, tanto pública como privada, ha operado siempre bajo la legalidad vigente.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
El político también aseguró que todos sus ingresos han sido declarados correctamente mediante el IRPF. Además, negó ser dueño de sociedades mercantiles, ya sea de forma directa o a través de terceros, tanto dentro como fuera de España.
Detalles de la investigación en la Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sostiene una tesis distinta. Según el magistrado, el exjefe de Gobierno lideraría una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. El objetivo de este grupo, de acuerdo con el informe judicial, sería obtener beneficios económicos mediante el uso de influencias en instancias públicas para favorecer intereses de terceros, puntualmente el caso de la aerolínea Plus Ultra.
Ante este escenario, Rodríguez Zapatero ha confirmado su disposición absoluta para colaborar con la Justicia y ha adelantado que ejercerá su derecho a la defensa con firmeza. La fase procesal avanzará el próximo 2 de junio, fecha en la que el político ha sido citado a declarar ante el juez Calama. La resolución de esta comparecencia será determinante para esclarecer si existió una red organizada detrás del auxilio financiero otorgado por el gobierno de Pedro Sánchez.
