El masivo operativo contra el fraude al fisco
Una compleja red delictiva dedicada a la estafa en la Devolución de Impuestos fue desarticulada tras un operativo conjunto entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI. La organización logró defraudar al fisco por un monto cercano a los $2 mil millones, utilizando un sofisticado esquema de fachada.
Las diligencias se ejecutaron este lunes y se extendieron por cuatro regiones del país. En el procedimiento se logró la captura de nueve de las diez personas que contaban con una orden de detención vigente. Entre los arrestados se cuentan cinco hombres y cuatro mujeres, todos de nacionalidad chilena, quienes serán formalizados durante este martes.
Modus operandi: suplantación y documentos falsos
La banda operaba bajo un engaño sistemático: ofrecían a sus víctimas un supuesto negocio legal, convenciéndolas de entregar su Clave Única y documentos personales. Con esta información sensible, los sujetos emitían facturas por servicios inexistentes, generando réditos económicos ilegales y créditos fiscales fraudulentos.
Un detalle clave detectado en la investigación fue el uso de la identidad y firma de un notario fallecido para validar las empresas de fachada que utilizaban. Según los antecedentes, el grupo habría vulnerado la seguridad de 63 personas para llevar a cabo estos ilícitos. El operativo permitió, además, la incautación de diversos vehículos y especies de valor.
Formalización de la banda criminal
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, confirmó que el proceso de formalización abarcará cargos de alta gravedad. Al respecto, el fiscal de San Bernardo, Rubén Salas, detalló los delitos imputados:
- Organización criminal.
- Lavado de activos.
- Obtención fraudulenta de devolución de impuestos.
- Falsificación de documentos.
Este golpe al crimen organizado subraya la persistencia de las autoridades por desbaratar bandas que utilizan la suplantación de identidad para defraudar al Estado, afectando directamente los fondos públicos a través de mecanismos engañosos de facturación.
