La ClaveÚnica, herramienta esencial para más de 16 millones de personas en Chile, se prepara para un importante cambio. Actualmente, la plataforma permite el acceso a más de 1.700 servicios públicos, abarcando trámites de salud, pensiones, impuestos y obtención de certificados oficiales.
La Secretaría de Gobierno Digital anunció que, en las próximas semanas, se integrará un sistema de autenticación en dos pasos. Esta mejora busca elevar los estándares de protección ante el preocupante aumento de delitos informáticos y estafas digitales que afectan a los usuarios nacionales.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema de seguridad?
Hasta hoy, el acceso a los servicios estatales se limitaba al ingreso del RUT y la contraseña personal. Según informó la directora de la Secretaría de Gobierno Digital, Kareen Schramm, el nuevo protocolo requerirá una verificación adicional para validar la identidad del usuario.
En una etapa inicial, la adopción de este sistema será de carácter voluntario. Quienes opten por activarlo deberán configurar una aplicación de seguridad externa, diseñada para generar códigos temporales o un pinpass. Este funcionamiento será similar al que ya operan los bancos para proteger las transacciones financieras de sus clientes.
Recomendaciones para evitar fraudes digitales
La implementación de esta segunda capa de seguridad busca dificultar los accesos indebidos, incluso si un tercero logra obtener la contraseña principal de la cuenta. No obstante, las autoridades enfatizaron que la tecnología debe ir acompañada de buenas prácticas por parte de los ciudadanos:
- No compartir la contraseña personal con terceros.
- Mantener cautela con enlaces sospechosos recibidos vía email o mensajería.
- Verificar la oficialidad del sitio web antes de ingresar información sensible.
- Actualizar la clave de acceso de manera periódica.
- Utilizar contraseñas únicas para cada plataforma digital.
- Habilitar siempre las funciones extra de seguridad cuando estén disponibles.
Este avance tecnológico marca un paso significativo en la modernización de los servicios estatales, priorizando la ciberseguridad en un entorno donde los ataques digitales son cada vez más frecuentes.
