La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha dado un giro significativo en el Caso Convenios. En una reciente resolución, el tribunal de alzada decidió trasladar la arista de la Fundación Democracia Viva desde Antofagasta hacia la capital, acogiendo la solicitud presentada por las defensas de los imputados.
¿Por qué se cambió la jurisdicción? La Segunda Sala del tribunal revocó la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta tras concluir que los primeros actos constitutivos de los delitos investigados —tales como fraude al fisco y lavado de activos— tuvieron su origen en Santiago.
El origen de los delitos en Santiago
El fallo judicial detalla que el proceso debe ser radicado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Según la argumentación de la Corte, los hechos fundamentales ocurrieron fuera de la región nortina, invalidando la competencia local para continuar con la causa.
Uno de los puntos clave del fallo se remonta al 26 de julio de 2022. En esa fecha, se habría gestionado en Santiago un contrato de arriendo considerado “ideológicamente falso”, diseñado para simular un domicilio de la fundación en la comuna de Ñuñoa.
Este domicilio ficticio permitió realizar el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la región Metropolitana, un trámite indispensable para que la entidad fuera habilitada a recibir fondos públicos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Para la Corte, estos pasos fueron el inicio de la ejecución de las actividades ilícitas. Por esta razón, estimaron que la investigación debe ser liderada por los tribunales capitalinos y no por los de la región de Antofagasta.
¿Hubo unanimidad en la decisión?
La resolución no fue unánime. El abogado integrante Fernando Orellana Torres votó en contra, manteniendo la postura de que el tribunal antofagastino conservaba la competencia sobre el caso. Pese a esta disidencia, la mayoría de la Segunda Sala impuso el traslado de los antecedentes.
Con este cambio de jurisdicción, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá asumir la conducción de este emblemático caso. Se espera que las próximas diligencias busquen clarificar la magnitud de las irregularidades en el financiamiento, mientras la causa entra en una nueva etapa procesal en el centro del país.
