La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial de Madrid su absolución. En un escrito de conclusiones provisionales, el abogado Antonio Camacho argumentó que los hechos expuestos no constituyen delito alguno y que lo procedente sería archivar la causa de manera definitiva.
La petición surge tras la negativa del magistrado Juan Carlos Peinado, quien a principios de este mes desestimó los recursos que buscaban el archivo de la investigación. El juez mantiene su decisión de enviar a juicio por jurado tanto a Gómez como a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, tal como se propuso en abril tras finalizar la fase de instrucción.
Defensa niega imputaciones y acusa temeridad
En el documento, la representación legal rechaza los cargos por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La defensa solicita además que las acusaciones sean condenadas en costas, argumentando que han actuado con temeridad y mala fe al insistir en un proceso carente de indicios, con el supuesto objetivo de generar daño reputacional.
Sobre la labor de Gómez, el texto subraya que comenzó su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2012, cuando Pedro Sánchez no ostentaba cargos públicos. Además, la defensa especifica que la esposa del mandatario abandonó su actividad en la empresa Inmark en 2018, precisamente para evitar conflictos de intereses al llegar su marido a la Moncloa.
Aclaraciones sobre la cátedra y el software
Respecto a la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, codirigida por Gómez desde 2020, el escrito enfatiza que el cargo no era retribuido y no requería titulación universitaria. Sobre el desarrollo de un software, la defensa aclara:
Las cantidades aportadas por empresas para el desarrollo del software fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM. Al no finalizarse el proyecto y no llegar a usarse, dichos fondos quedaron en el patrimonio universitario sin sufrir perjuicio alguno.
Finalmente, sobre la presunta malversación relacionada con la asesora Cristina Álvarez, el letrado recalca que su labor fue de carácter puntual y limitado, siguiendo una práctica habitual en la asistencia a esposas de presidentes. En relación con Juan Carlos Barrabés, se sostiene que su participación en el máster se limitó a dar clases ocasionales sin injerencia en la gestión de contratos. Actualmente, la Audiencia Provincial debe dirimir si la causa avanza hacia la etapa de juicio oral.
