El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de las recientes controversias generadas por la indicación incluida en el proyecto de Ley de Expulsiones. La normativa, que propone que instituciones como hospitales y establecimientos educacionales informen sobre casos de migrantes en situación irregular, ha generado confusión en la opinión pública. En una entrevista con Estado Nacional, la autoridad fue enfática en señalar que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”.
La autoridad de Gobierno se refirió a las versiones que han circulado ampliamente en medios de comunicación tradicionales, desestimando que exista un mandato de delación. Según Pavez, lo que se ha difundido en prensa, radio y televisión no refleja el espíritu ni el contenido de la propuesta legislativa. El objetivo, aclaró, es netamente administrativo y procedimental para facilitar el contacto con las personas sujetas a procesos migratorios.
¿Cuál es el verdadero alcance de la indicación?
El subsecretario detalló que la medida busca obtener datos básicos para garantizar los derechos de los extranjeros durante los procesos que enfrentan. “Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que cuando la autoridad migratoria para materializar un proceso específico respecto a una persona requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo para entregarle una notificación”, explicó la autoridad, subrayando que esta información permite que las personas puedan defenderse y realizar sus descargos legales.
El punto central, según Pavez, radica en la necesidad del Estado de saber el paradero de los individuos para que las notificaciones sean efectivas y los procedimientos legales puedan avanzar conforme a derecho, tal como ha sido el enfoque planteado por el Presidente de la República durante sus intervenciones recientes en Atacama.
La postura del Minsal y el futuro de la ley
Respecto a los reparos levantados por la ministra de Salud, May Chomalí, quien advirtió sobre un posible temor de los extranjeros a asistir a centros médicos por miedo a ser expulsados, el subsecretario mostró total apertura. Pavez calificó la inquietud de la jefa de la cartera de Salud como legítima y aseguró que el Gobierno adhiere a esa preocupación. “La copia, la transcripción textual de la entrevista a la ministra de Chomalí, no se opone en nada a lo que está proponiendo el Gobierno en este proyecto”, afirmó.
El Ejecutivo mantiene la convicción de que las materias sanitarias y educacionales no se verán afectadas por la implementación de esta indicación. El debate legislativo continuará en las próximas semanas, donde deberá probarse si estas aclaraciones logran despejar la incertidumbre en los servicios públicos, mientras el Gobierno insiste en que la medida es una herramienta operativa y no una política de persecución generalizada.
