Violencia golpea la carrera presidencial
El clima electoral en Colombia se ha teñido de sangre tras el asesinato de dos integrantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El hecho ocurrió este viernes en una zona rural del departamento del Meta, marcando un duro golpe a la seguridad de los comicios programados para el 31 de mayo.
Según confirmó el equipo de prensa del candidato derechista, las víctimas fueron identificadas como el coordinador local Rogers Mauricio Devia y su asesor Eder Fabián Cardona. Ambos fueron interceptados mientras regresaban de realizar actividades de recolección de publicidad electoral. El ataque fue perpetrado por cuatro sujetos armados que se movilizaban en motocicletas.
Contexto crítico en el Meta
La Defensoría del Pueblo se pronunció este sábado a través de X, advirtiendo que este atentado no solo representa una tragedia humana, sino una amenaza directa a la democracia. La entidad calificó como «extrema gravedad» que estos actos interfieran en el ejercicio de los derechos políticos durante el desarrollo de la campaña presidencial.
El departamento del Meta es históricamente un bastión de las extintas FARC y funciona como un corredor estratégico para el tráfico de cocaína. En esta zona, la presencia de grupos rebeldes y organizaciones criminales que se financian mediante la extorsión y el narcotráfico es una realidad constante que busca influir mediante la presión violenta en los procesos electorales.
Antecedentes de inseguridad
La violencia política no es ajena a este ciclo electoral. Candidatos de diversos sectores, incluyendo al favorito en las encuestas, el senador de izquierda Iván Cepeda, junto a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han reportado amenazas contra sus vidas de manera reiterada. Todos ellos se ven obligados a realizar sus actividades bajo estrictos esquemas de seguridad.
El historial reciente añade tensión al panorama nacional. En febrero, la candidata a la vicepresidencia de Cepeda, Aida Quilcué, sufrió un secuestro temporal a manos de disidencias de las FARC. Asimismo, se sospecha que una facción disidente ordenó el magnicidio de Miguel Uribe, quien fue baleado durante un mitin en Bogotá en junio del año pasado, reviviendo el oscuro periodo de la violencia política de los años 80 y 90 en Colombia.
