La Corte de Apelaciones de Santiago ha puesto un freno a la estrategia judicial de Arnaldo Domínguez, exasesor de Joaquín Lavín León, al declarar inadmisible el recurso de amparo presentado por su defensa. Esta resolución confirma que el imputado deberá continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva en el centro penitenciario Santiago 1, donde permanece recluido desde hace exactamente una semana.
La acción legal buscaba revertir la determinación tomada originalmente por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que decretó el ingreso a la cárcel tras formalizarlo por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. La controversia jurídica se ha centrado en los alcances de esta medida cautelar, específicamente respecto a qué cargos son revisables y cuáles permanecen bajo el escrutinio del juez Daniel Urrutia.
Alcances del proceso judicial
El núcleo del conflicto legal radica en que el 7° Juzgado de Garantía ha limitado la revisión de la medida a los delitos que no cuentan con desafuero. Según lo estipulado en el fallo resolutivo del juez Daniel Urrutia, la causa se ha fragmentado entre los ilícitos desaforados y aquellos que aún deben ser analizados bajo el marco de la investigación vigente por fraude al fisco y tráfico de influencias.
Con el rechazo del amparo en la instancia superior, la defensa de Arnaldo Domínguez pierde —por ahora— la posibilidad de modificar su condición de privación de libertad a través de esta vía excepcional. La estrategia de los abogados buscaba precisamente impugnar la resolución del magistrado que los mantiene tras las rejas.
¿Qué sigue para la defensa?
La situación procesal del excolaborador de Joaquín Lavín León se mantiene en estado de alerta tras esta reciente negativa del tribunal de alzada. Mientras tanto, el imputado continúa cumpliendo su semana de prisión preventiva en el recinto de Santiago 1, a la espera de cómo evolucionará la investigación que indaga los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias que han marcado este caso judicial de alto impacto público.
