Una compleja situación administrativa y penal enfrenta el Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, luego de que la diputada Andrea Parra (PPD) denunciara públicamente la existencia de corrupción y faltas a la probidad vinculadas a la gestión de recursos en la compra de servicios médicos.
Las indagatorias se originaron tras una serie de observaciones emitidas por la Contraloría General de la República, lo que derivó en la apertura de dos procesos paralelos: uno de carácter administrativo y otro bajo la órbita penal. El objetivo es determinar la responsabilidad de los profesionales y funcionarios involucrados en el mal uso de recursos públicos.
Presiones políticas y falta de ética
La parlamentaria Andrea Parra fue categórica al calificar los hechos como una situación “gravísima”. Según la legisladora, existe un intento deliberado por parte de los implicados de eludir las sanciones correspondientes mediante la búsqueda de influencias externas.
Me parece gravísimo lo ocurrido, con todas sus letras. Es mal uso de recursos públicos, corrupción y faltas a la probidad. Lo peor es que estos médicos y funcionarios implicados han movido cielo, mar y tierra para obtener respaldos políticos y evitar recibir sanciones, demostrando su poca ética.
Parra enfatizó que, por el bienestar de la salud pública, resulta indispensable que los sumarios administrativos sigan su curso natural y que las autoridades apliquen sanciones ejemplares a quienes resulten responsables de estas irregularidades.
Seguimiento y futuro de la investigación
Como parte de las diligencias, el equipo directivo del centro asistencial sostuvo reuniones clave con funcionarios de la Contraloría para realizar el seguimiento exhaustivo de los informes finales de investigación especial que mantienen en la mira al hospital.
Actualmente, el Hospital Dr. Mauricio Heyermann también ha gestionado audiencias con la Fiscalía, instancia donde se han entregado nuevos antecedentes destinados a aclarar si el manejo de los fondos constituye efectivamente un delito. El avance de esta causa penal y de los sumarios internos determinará en las próximas semanas si se logran establecer responsabilidades administrativas y penales frente a la opinión pública.
