El incidente en Lo Barnechea
Cuando la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, asumió su puesto, en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur recordaron un complejo episodio ocurrido durante su época como persecutora. Una investigación interna determinó que utilizó su posición para favorecer a su entonces pareja, el abogado Andrés Morales Soza, en una disputa personal que involucró a carabineros y guardias municipales.
Según antecedentes obtenidos por Reportajes Teletrece vía Transparencia, el hecho ocurrió el 27 de junio de 2019 en la comuna de Lo Barnechea. La situación no se originó por un incumplimiento de medidas cautelares por parte de Morales, sino por la insistencia de la entonces fiscal en retirar un documento que supuestamente estaba adulterado.
La intervención de Quintana
El parte policial enviado a la Fiscalía Oriente detalla que Ana Victoria Quintana, de 44 años, se identificó como fiscal para exigir al conserje del edificio la entrega del acta de notificación de medidas cautelares de su pareja. El documento señala: “La Sra. Quintana Olguín desde un principio se identifica como fiscal y le exige al conserje del recinto que le hiciera entrega del mencionado documento”.
Tras una investigación sumaria inicial donde fue sobreseída, el fiscal regional Héctor Barros ordenó reabrir el caso. Una nueva resolución confirmó que la abogada recurrió a su investidura hasta en tres ocasiones: ante el conserje, frente a guardias municipales y finalmente ante Carabineros, buscando interponer una denuncia por presunta falsificación de instrumento público.
La sanción y el fallo de la Fiscalía Nacional
La conducta fue tipificada como una infracción al artículo 63 letra g) de la Ley N°19.640 y el artículo 40 letra g) del Reglamento de Personal para Fiscales, que prohíbe “usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones”. En su defensa, Quintana argumentó que su calidad de fiscal era “indivisible” y que actuó como ciudadana ante el supuesto hostigamiento de los funcionarios.
A pesar de sus descargos, el entonces fiscal nacional Jorge Abbott rechazó su apelación en enero de 2020. En la resolución, Abbott sentenció: “La fiscal hizo uso de su cargo para fines particulares, al requerir del conserje del edificio la entrega del acta de actuación-notificación que afectaba a su pareja, completamente ajena a sus funciones”.
La sanción aplicada fue una “amonestación privada”, la medida disciplinaria más leve posible, consistente en una reprensión confidencial. Cabe destacar que el abogado Andrés Morales Soza, pareja de la subsecretaria en ese momento, aparece en registros de la Contraloría participando en 169 procesos legales, incluyendo defensas por infracción a la Ley 20.000 (narcotráfico). Hasta la fecha, la Subsecretaría de Prevención del Delito no ha emitido declaraciones sobre estos antecedentes.
