Contexto del caso en Puerto Montt
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó recientemente las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Garantía para una mujer imputada por el delito de parricidio ocurrido en la capital de la Región de Los Lagos. Con esta resolución, la acusada mantendrá el arresto domiciliario total y el arraigo nacional mientras avanza la investigación.
Los hechos se remontan al pasado 10 de mayo, jornada en la que la imputada provocó una herida cortante en el brazo izquierdo de su pareja. Tras el suceso, la mujer se presentó voluntariamente ante una unidad de Carabineros, donde confesó haber dado muerte al hombre. Aunque el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el tribunal de garantía decidió inicialmente descartarla, decisión que fue ratificada por la Corte tras la apelación fiscal.
La postura de la defensa y antecedentes de violencia
En declaraciones recogidas por Radio Bío Bío, el defensor penal público, Jorge Matzner, sostuvo que su representada ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Según el abogado, existían denuncias previas que fueron archivadas debido a que la mujer desistía de continuar con los procesos legales.
Este es un caso de violencia intrafamiliar sistémica, con acreditación de procedimientos judiciales anteriores, pero la Fiscalía no continuó esos casos, decidió no perseverar y, con ello, se alzaron las cautelares que protegían a esta mujer.
Sobre el día del fatal desenlace, Matzner expuso que la imputada fue agredida por su pareja, quien habría intentado ahorcarla, provocando una reacción defensiva. El jurista detalló que la mujer presentaba lesiones cortantes en sus manos y enfatizó que el corte en el brazo de la víctima, que terminó afectando arterias vitales, ocurrió en un contexto de defensa propia y no con un ánimo homicida deliberado.
¿Qué sigue en la investigación?
Actualmente, el caso se encuentra en una etapa de investigación formalizada, con un plazo estipulado de 90 días para reunir los antecedentes definitivos. La justicia deberá determinar si los registros previos de violencia y la dinámica de la noche del 10 de mayo validan la tesis de la legítima defensa planteada por la representación legal de la imputada.
