Una auditoría interna ha puesto a Codelco en el centro de un nuevo escándalo corporativo. El informe preliminar detectó que la estatal reportó 20 mil toneladas de cobre que, en realidad, no cuadran con la producción real de 2025, pese a que los documentos oficiales indicaban que las metas operativas fueron cumplidas.
Este caso ha generado una fuerte reacción política, ya que parlamentarios sostienen que dichas cifras habrían sido manipuladas para asegurar el pago de bonos a ejecutivos y trabajadores. El informe preliminar menciona directamente a tres altos ejecutivos, en un hecho que opacó el hito histórico del cobre, que alcanzó los 6 dólares con 29 centavos la libra este martes.
Cifras que no calzan: El origen de la sospecha
En diciembre de 2025, la cuprífera registró una producción de 172.300 toneladas métricas, la cifra más alta en años. Sin embargo, meses después, la realidad fue distinta: en enero hubo una caída brusca y en marzo Cochilco reportó que la producción fue de solo 91.000 toneladas métricas, una baja del 47% respecto a diciembre y la cuarta cifra más baja de la década.
Ante los cuestionamientos, la administración de Codelco justificó el resultado aludiendo a factores operacionales y el uso de inventarios acumulados. No obstante, el Comité de Auditoría del Directorio ordenó una investigación que concluyó de forma preliminar que se sumaron 20 mil toneladas de manera indebida.
El Sr. César Márquez Márquez, Gerente de Presupuesto y Control de Gestión, impulsó una iniciativa de producción en conjunto con la División Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación.
Impacto en el mercado y responsabilidades
El analista de Alpari, César Valencia, advierte que este caso golpea la credibilidad de la empresa y altera la prima de riesgo del cobre para el segundo semestre. Además de César Márquez Márquez, el informe vincula a René Galleguillos, gerente de la División Chuquicamata, junto a un tercer involucrado.
El diputado Cristian Tapia (Independiente-PPD) emplazó al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, por sus declaraciones previas sobre la transparencia de la empresa. Por su parte, Marco Antonio Sulantay (UDI) planteó la posibilidad de involucrar al Ministerio Público, mientras que Jaime Mulet (FRVS) exigió una comisión especial para investigar la opacidad en la estatal.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de descargos. Los auditores deben emitir un informe final en el plazo de una semana. Mientras tanto, Máximo Pacheco ha calificado las acusaciones como un comentario infundado, argumentando que se trata de una limpieza de inventarios habitual al cierre de cada año. La gran incógnita sigue siendo si el informe final derivará en consecuencias legales o cambios profundos en la estructura de bonificaciones de la empresa.
