Una grave negligencia médica registrada en el Hospital Clínico de Magallanes terminó con la condena del Fisco a pagar una indemnización de $30 millones. El fallo, dictado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, revoca una sentencia previa y reconoce la responsabilidad del Estado en la pérdida de un testículo de un adolescente de 17 años.
El caso se originó debido a una espera superior a las 13 horas para que el joven fuera intervenido quirúrgicamente tras ingresar con un cuadro agudo de torsión testicular. Esta demora, según determinaron los magistrados, constituye una clara «falta de servicio» por parte del recinto hospitalario, el cual disponía de la información clínica necesaria para haber priorizado la operación.
La doctrina de la «pérdida de chance» y el deber del Estado
El tribunal basó su resolución en la doctrina jurídica conocida como «pérdida de chance». Este concepto establece que el retraso injustificado en la atención médica privó al paciente de una oportunidad real de recuperación y de preservar su integridad física, contraviniendo el deber de protección reforzada que el Estado tiene hacia los menores de edad en situaciones de urgencia.
El abogado querellante, Juan Srdanovic Arcos, destacó la relevancia de este veredicto para el sistema judicial chileno. Al respecto, el profesional señaló:
El dictamen confirma que el Estado es responsable no solo ante errores fatales, sino también cuando su negligencia impide que un paciente reciba el tratamiento oportuno para evitar daños irreversibles, marcando un precedente relevante a nivel nacional.
Impacto permanente y precedente jurídico
La justicia consideró de manera crucial el fuerte impacto físico y psicológico que la secuela dejará de forma permanente en la vida del joven. El fallo subraya que la negligencia no solo se limita a desenlaces fatales, sino que abarca cualquier omisión que comprometa la salud futura de los pacientes bajo cuidado público.
Aunque el fallo ya establece la indemnización, queda por observar cómo esta jurisprudencia influirá en futuras demandas por mala praxis en centros hospitalarios regionales. La sentencia no solo cierra un capítulo doloroso para la víctima, sino que reabre el debate sobre la urgencia de optimizar los protocolos de respuesta ante emergencias urológicas en el sistema de salud pública.
