Una grave denuncia enfrenta el caso del joven Omar Solís, de 27 años, quien murió baleado por un funcionario de Carabineros que prestaba servicios como guardia en el Palacio de La Moneda. El incidente ocurrió la madrugada del pasado 09 de mayo, cerca de las 6:00 am, en la comuna de Talcahuano. La madre del fallecido, María Godoy, acusa manipulación en la escena y desmiente la tesis oficial de un intento de atropello.
Denuncias por alteración del sitio del suceso
La familia de Solís sostiene que el sitio del suceso fue alterado para encubrir la responsabilidad del uniformado, quien se encontraba en la región del Bío Bío visitando a su esposa, también funcionaria de la institución.
«Me mató a mi hijo, y él está libre. ¿Cómo es que él es la víctima en este tema? Está totalmente alterado el sitio del suceso, porque hay muchas cosas que no corresponden»
, aseveró María Godoy tras conocer que el carabinero involucrado permanece en libertad.
¿Qué dice la versión oficial y qué responde la familia?
El seremi de Seguridad del Bío Bío, Richard Soto, relató que, según la versión de Carabineros, los funcionarios fueron impactados por el vehículo de Solís, quien se habría dado a la fuga. Tras un alcance, el carabinero se habría bajado del auto, momento en el cual el conductor supuestamente intentó atropellarlo, justificando así el uso del arma de fuego.
Ante esto, la madre del joven, un electromecánico sin antecedentes penales, cuestionó la lógica del relato:
«Carabineros dice que mi hijo lo trató de atropellar. ¿Cómo lo iban a atropellar en un pasaje que no tenía salida? O sea, hay que tener dos dedos de frente solamente para saber que no es así»
. Por su parte, la hermana del fallecido recalcó que el joven no era un delincuente y que, según testigos, el carabinero habría amenazado a Solís con un objeto contundente, provocando su huida.
Estado actual de la investigación
La familia denuncia además una tardanza de casi 10 horas en ser notificados del deceso. Actualmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos. La resolución del caso dependerá del análisis técnico del sitio del suceso y el levantamiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad en Talcahuano, elementos que determinarán si existen responsabilidades penales contra el uniformado.
