Una jornada de alta tensión política se vivió en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia presidida por el parlamentario republicano Agustín Romero. El foco del conflicto fue el tratamiento de las indicaciones presentadas por el Gobierno a la Ley Miscelánea, lo que derivó en duras acusaciones cruzadas respecto a la legitimidad del proceso legislativo.
Los parlamentarios de oposición denunciaron un presunto «fraude constitucional» debido a la estrategia del Ejecutivo de priorizar la votación de sus propias indicaciones sustitutivas. A juicio del diputado socialista Raúl Leiva, este procedimiento busca anular el trabajo previo de los congresistas.
Lo que se pretende realizar de esta manera es exactamente lo que criticaba el Ejecutivo y el oficialismo: un fraude constitucional. Todo el trabajo que desarrollaron los parlamentarios de todos los sectores queda sin efecto, ya que frente a la eventual votación de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo, la labor legislativa no sólo quedaría reducida, sino que quedaría inhibida de poder desarrollarse.
Raúl Leiva enfatizó que la formulación de indicaciones es una herramienta consagrada reglamentaria y constitucionalmente. Advirtió que, de continuar bajo esta lógica, el Congreso Nacional se transformaría en un mero «buzón» de las propuestas gubernamentales, anulando su rol deliberativo.
Críticas a la gestión de Agustín Romero
La arremetida más fuerte provino del diputado independiente Carlos Bianchi, quien interpeló directamente al presidente de la comisión. Según Bianchi, la gestión de Agustín Romero está provocando que la instancia pierda toda relevancia al permitir que el Gobierno pase por encima del Poder Legislativo mediante una estrategia de último minuto.
«Usted hoy día lo que está haciendo con su Gobierno es permitirle que esta administración, este Gobierno, bypassee absolutamente a un poder del Estado, al Congreso, a la Cámara de Diputados. Eso es inaceptable», espetó el legislador, exigiendo al presidente de la comisión que se ciña estrictamente al reglamento para garantizar un debate democrático.
En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) calificó la maniobra del Ejecutivo como una «artimaña» peligrosa. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, comparó la táctica gubernamental con una jugada de ajedrez denominada «gambito de dama», donde se permitió a los parlamentarios ingresar indicaciones hasta las 12:00 horas, solo para luego priorizar las propuestas del Ejecutivo y dejar sin efecto el resto.
Reserva de constitucionalidad y futuro del proyecto
Ante el escenario, la diputada Constanza Schonhaut (FA) presentó formalmente una reserva de constitucionalidad, argumentando la posible vulneración de las reglas básicas de tramitación legislativa. Por su parte, Agustín Romero defendió su postura ante los ataques, señalando que la urgencia impuesta por el Gobierno obliga a una gestión eficiente de los tiempos.
El diputado republicano argumentó que existen 1.295 indicaciones en el comparado, calificando la insistencia opositora de debatir cada punto como una estrategia obstruccionista. Además, los diputados Leiva y Manouchehri denunciaron que las indicaciones sustitutivas del Gobierno presentan similitudes extremas con el texto original, afirmando que los cambios no superan el 5% respecto a la propuesta inicial.
Actualmente, el ambiente en la comisión permanece fracturado mientras el proyecto de la Ley Miscelánea avanza bajo un intenso escrutinio. La incertidumbre sobre si primará el debate parlamentario o la celeridad gubernamental marca la pauta de las próximas sesiones, quedando abierta la interrogante sobre cómo se resolverá esta pugna por las facultades legislativas en la Cámara.
