La Knéset de Israel dio luz verde a una nueva legislación que permitirá la aplicación de la pena de muerte para los responsables de los ataques y matanzas ocurridos el 7 de octubre de 2023. La medida, aprobada por una contundente mayoría de 93 de los 120 legisladores, fue impulsada de forma transversal por miembros de la coalición gobernante y de la oposición, bajo el argumento de que este proceso ayudará a sanar el trauma nacional.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, defendió la iniciativa a pesar del clima político previo a las elecciones. Según recogió The Times of Israel, Levin declaró:
Uno puede sentir que está haciendo lo correcto al encontrar una forma de unificar en este momento, incluso cuando estamos en la víspera de elecciones y pese a todos los desacuerdos que existen.
Alcance y críticas a la nueva ley
La normativa permite que tribunales militares juzguen a los sospechosos de participar en el ataque, que dejó al menos 1.200 muertos y 251 rehenes. Organizaciones como Adalah, el centro legal para los derechos de las minorías árabes en Israel, confirmaron que esta ley faculta al tribunal a dictar sentencias capitales basándose en el código penal israelí vigente, incluyendo la Ley para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio de 1950 y disposiciones sobre traición o colaboración con el enemigo.
Se estima que entre 300 y 400 palestinos detenidos podrían ser sujetos a esta ley, de un total aproximado de 1.300 gazatíes encarcelados. Desde Adalah, junto a HaMoked y el Comité Contra la Tortura de Israel, advirtieron que estos procedimientos son fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho.
Implicancias jurídicas y contexto histórico
La experta en derecho internacional Ya’ara Mordecai, de la Facultad de Derecho de Yale, manifestó su preocupación por la politización de los juicios. Por el contrario, la legisladora Julia Malinowski, una de las autoras del proyecto, aseguró que la ley garantiza un proceso justo. Por su parte, Hazem Kassem, portavoz de Hamás, calificó la medida como un intento de encubrir crímenes de guerra cometidos por Israel.
Para contextualizar, la última vez que se aplicó la pena de muerte en el país fue en 1962, cuando se ejecutó a Adolf Eichmann. La situación actual se suma a una ley previa aprobada el 30 de marzo, enfocada en palestinos de Cisjordania. Con cientos de combatientes capturados aún sin cargos, la implementación de este tribunal híbrido representa un cambio drástico en el sistema judicial israelí respecto a su respuesta al conflicto, dejando abierta la interrogante sobre cuándo se dictará la primera sentencia bajo este nuevo marco legal.
