Un ingeniero constructor fue formalizado recientemente en el Juzgado de Garantía de Temuco por el delito de fraude, tras protagonizar una serie de estafas relacionadas con la venta de viviendas de lujo que nunca fueron construidas. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados en la región de La Araucanía, el tribunal determinó que el acusado quedará en libertad, bajo las medidas cautelares de firma y prohibición de salir del país.
La investigación apunta a que el imputado ofrecía el proyecto denominado Parque Condominio Arrebol, ubicado en el sector Trañi-Trañi de la capital regional. El proyecto, cuya comercialización se realizó a través de redes sociales y contactos directos, prometía 68 casas de alto estándar con valores superiores a los 600 millones de pesos. Sin embargo, las obras nunca iniciaron.
Detalles del fraude y víctimas
El fiscal Luis Torres explicó que el proceso judicial comenzó hace dos años tras una serie de querellas presentadas por los afectados. Según el persecutor, “el tribunal dio por acreditada la existencia de este delito, que es un fraude de falsa promesa de venta de un inmueble”. La decisión de mantener al imputado en libertad se justificó, en parte, por su irreprochable conducta anterior, según detalló la fiscalía.
En total, 10 víctimas resultaron perjudicadas tras entregar pies que oscilaban entre los 30 y 90 millones de pesos. Entre las afectadas se encuentra la médico Fernanda Corsini Bravo, quien desembolsó 96 millones de pesos con la esperanza de adquirir una de estas propiedades. El perjuicio económico total estimado por la fiscalía alcanza cerca de los 600 millones de pesos.
Acciones legales y futuro del caso
Las querellas fueron dirigidas contra el representante de la Inmobiliaria Santa Eugenia SPA. El abogado querellante, José Martínez, quien representa a la doctora Corsini, lamentó que la jueza Viviana García no accediera a la solicitud de arresto domiciliario total para el ingeniero. No obstante, valoró que se lograra establecer formalmente el modus operandi detrás de la estafa.
Por su parte, el abogado defensor, Rolando Franco, argumentó que los problemas del proyecto surgieron a raíz de la pandemia y aseguró que su representado mantiene la voluntad de devolver el dinero adeudado. La jueza Viviana García fijó un plazo de 5 meses para concluir la investigación, periodo en el que los querellantes buscarán congelar los bienes del imputado y su círculo cercano para asegurar posibles reparaciones futuras.
