Un importante despliegue conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros sacudió esta jornada a la comuna de Puente Alto. El operativo se concentró en tres campamentos específicos: Millantú, El Sueño de Todos y Vista Hermosa, asentamientos que, en conjunto, albergan a más de 10.000 habitantes.
¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Las autoridades buscan realizar una fiscalización integral con dos focos críticos: identificar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular y detectar focos delictuales, incluyendo viviendas sospechosas de venta de drogas y vehículos con encargos vigentes por robo.
Detalles del procedimiento migratorio
El subprefecto Pablo Garay, jefe de Migración, precisó que esta diligencia no es al azar, sino parte de una estrategia para ordenar la situación en estos sectores. Como resultado inmediato, una veintena de residentes de las tomas fueron trasladados en un bus hasta el cuartel de la PDI.
En materia migratoria tenemos extranjeros que ya comprobamos que están en situación irregular, principalmente por ingresos irregulares al país y también otra falta a la Ley de Migración.
Aquellas personas trasladadas deberán enfrentar un proceso de declaración, identificación, toma de huellas dactilares y registro fotográfico. Posteriormente, se elaborará un reporte detallado para el Servicio Nacional de Migraciones. El subprefecto Garay aclaró que se emitirá una denuncia oficial tras la fiscalización, lo que derivará en sanciones que van desde una simple amonestación escrita hasta una orden de expulsión del territorio nacional.
Estado actual y proyecciones
Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas formalmente por delitos flagrantes durante la jornada. Sin embargo, el operativo sigue su curso mientras se procesa la información de los residentes trasladados y se terminan de inspeccionar los vehículos y propiedades del sector.
¿Qué pasará con quienes no regularicen su situación tras esta intervención? La autoridad enfatizó que este proceso es el inicio de un camino administrativo que definirá la permanencia o salida de quienes infringen la Ley de Migraciones, dejando abierta la posibilidad de futuras fiscalizaciones similares en otras comunas de la capital.
