El Gobierno del Presidente José Antonio Kast acaba de dar un nuevo y crucial impulso al proyecto de ley que busca regular los sitios de apuestas en línea en Chile. Este miércoles, la iniciativa recibió ‘suma urgencia’ legislativa, acelerando su trámite en el Senado y marcando un hito en la discusión sobre una industria que hasta ahora opera mayormente en la informalidad. La medida llega en un contexto donde la justicia chilena ya ha ordenado el bloqueo de plataformas ilegales, evidenciando la necesidad de un marco legal claro.
La propuesta legislativa, identificada como Boletín 14838-03, fue presentada originalmente en marzo de 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Posteriormente, la administración de Gabriel Boric la respaldó con reiteradas urgencias, llevándola a su actual fase en el Senado. Además, este lunes, el Ejecutivo le otorgó urgencia a otro proyecto relacionado (Boletín 16471-29), que busca prohibir contratos publicitarios entre futbolistas profesionales y estas plataformas. La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) valoró la decisión del Gobierno, reafirmando su voluntad de colaborar técnicamente.
¿Qué busca esta regulación para las apuestas online?
En esencia, el proyecto tiene como meta crear un marco legal que permita autorizar y fiscalizar a las empresas de apuestas online que operen en el país. Sus objetivos principales son claros y apuntan a resolver las problemáticas actuales: la protección de los jugadores, el combate a las conductas adictivas y al juego ilegal, la regulación de la publicidad y, finalmente, el resguardo de los intereses fiscales de Chile. La Comisión de Hacienda ya propuso en agosto del año pasado que la Sala del Senado apruebe el proyecto en general, subrayando la urgencia de transitar de la ilegalidad a un mercado regulado y, fundamentalmente, establecer normas estrictas para proteger a niños, niñas y adolescentes (NNA) del acceso a estas plataformas.
¿Cómo operarán las plataformas y qué fiscalización tendrán?
Para poder operar legalmente, las empresas interesadas deberán solicitar una licencia general de operación, la cual implica el pago de un impuesto asociado. Estas compañías tendrán que constituirse en Chile como sociedades anónimas cerradas, con un objeto social exclusivo para la actividad de apuestas en línea. Un cambio institucional clave es la transformación de la actual Superintendencia de Casinos de Juego, que pasará a ser la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCJ). Esta nueva entidad será la encargada de otorgar las licencias, supervisar el cumplimiento técnico de las plataformas y sancionar cualquier infracción.
La fiscalización será estricta: las operadoras deberán permitir que la SCJ tenga acceso remoto en tiempo real a sus plataformas. Esto facilitará la supervisión de apuestas, pagos y flujos financieros, asegurando la transparencia y el apego a la normativa.
Impuestos y un enfoque en el Juego Responsable
Uno de los pilares del proyecto es la generación de ingresos para el Estado y la protección de los jugadores. Se crea la Política Nacional de Apuestas Responsables, un instrumento regulatorio que definirá los lineamientos para promover prácticas de juego saludables y prevenir enfermedades como la ludopatía, un problema asociado a las apuestas.
En cuanto a la recaudación fiscal, el proyecto propone un esquema impositivo similar al de los casinos físicos. Las plataformas de apuestas deberán pagar un impuesto específico del 20% sobre sus ingresos brutos, además del IVA. Adicionalmente, se establecerá un impuesto específico denominado ‘tasa de aporte al juego responsable’, equivalente al 1% de los ingresos brutos anuales de las sociedades operadoras. Estos fondos se destinarán a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía.
Publicidad bajo control y duras sanciones a la ilegalidad
La regulación de la publicidad es otro punto crucial. Solo las plataformas que cuenten con una licencia de operación vigente de la SCJ podrán realizar campañas publicitarias o de promoción. Toda esta publicidad deberá ajustarse a los lineamientos de la Política Nacional de Apuestas Responsables. El proyecto es categórico al prohibir explícitamente cualquier publicidad orientada a menores de edad, o que utilice gráficas, símbolos o personajes que puedan inducirlos a participar.
Para combatir la operación ilegal, la ley entregará herramientas concretas: se podrán bloquear sitios web e IPs de plataformas no autorizadas. Además, los bancos estarán obligados a bloquear transacciones de dinero hacia estos sitios. El texto moderniza los tipos penales para perseguir actividades ilícitas en línea, incorporándolas en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Quienes operen sin permiso se exponen a nuevos delitos con penas de cárcel y multas que van de 11 a 200 UTM. En caso de crear una cuenta con información falsa o vulnerar mecanismos de resguardo, la sanción será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales.
¿Quiénes quedan fuera de las apuestas online en Chile?
El proyecto de ley establece de forma precisa quiénes no podrán participar en esta actividad, buscando proteger a grupos vulnerables y evitar conflictos de interés. El artículo 5 detalla que no podrán abrir o mantener una cuenta de apuestas:
- Los niños, niñas y adolescentes.
- Los privados de razón y los interdictos por disipación.
- Aquellos que no cuenten con rol único nacional o un número de identificación fiscal válido en el país.
- Las personas que voluntariamente se hayan autoexcluido.
- Quienes hayan infringido las condiciones de desarrollo de apuestas en la plataforma.
- Las personas privadas de libertad.
- Los que, en virtud de una resolución judicial, sean deudores de tres o más cuotas consecutivas impagas de pensión de alimentos.
Adicionalmente, el artículo 6 prohíbe específicamente, por sí o por terceros, efectuar apuestas en estas plataformas o en eventos únicos a:
- El personal de la SCJ.
- Los funcionarios públicos que, por sus cargos, custodien fondos públicos.
- Personas que ejerzan labores fiscalizadoras en plataformas de apuestas o casinos de juego, hasta seis meses después de cesar en sus funciones.
- El personal, accionistas, directores, gerentes o beneficiarios finales de la sociedad operadora respectiva o del grupo empresarial relacionado con la plataforma de apuestas en línea.
- Las personas con cuentas suspendidas.
El Registro Nacional de Autoexclusión: Una red de protección
Una de las herramientas más innovadoras y orientadas a la salud pública que introduce el proyecto es el Registro Nacional de Autoexclusión para Jugadores. Este mecanismo está diseñado para que cualquier persona que así lo desee pueda, por voluntad propia, excluirse de participar en plataformas de apuestas en línea. La SCJ será la encargada de regular su funcionamiento, definiendo los procedimientos que las sociedades operadoras deberán implementar para garantizar su efectividad.
Un aspecto fundamental es que este registro será vinculante tanto para las plataformas de apuestas en línea como para los casinos físicos. Esto significa que si un usuario decide autoexcluirse de un sistema, la prohibición se extenderá automáticamente al otro. El periodo de exclusión solicitado no podrá ser inferior a seis meses.
¿Qué ocurre con los operadores actuales que son ilegales?
El proyecto también contempla un ‘periodo de pausa’ o cooling off para aquellos operadores que actualmente funcionan de manera ilegal en Chile. Para ellos, se establece una prohibición de solicitar licencias si han operado ilegalmente en el país durante los últimos 12 meses previos a la solicitud. Esta medida busca evitar que quienes han infringido la ley se regularicen de inmediato.
Además, para poder regularizar su situación y postular a una licencia futura, estos operadores deberán pagar un impuesto único y sustitutivo del 31% sobre sus ingresos brutos de los últimos 36 meses. Este pago busca reconocer y compensar los ingresos que no fueron tributados previamente, nivelando la cancha con quienes esperen la regulación para ingresar al mercado de forma legal.
Con la ‘suma urgencia’ otorgada por el Gobierno del Presidente Kast, el proyecto de ley para regular las apuestas en línea se encamina a una fase decisiva en el Senado. Su aprobación no solo representaría un cambio radical en la industria del juego en Chile, sino que también establecería un nuevo estándar en la fiscalización, la protección del jugador y la recaudación fiscal, delineando un futuro más estructurado para una actividad que, hasta ahora, ha avanzado sin un control efectivo.
