Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto serias deficiencias en la fiscalización de la Dirección Regional de Aduana de Iquique (DRAI), en la región de Tarapacá. La auditoría, que abarcó desde el 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025, analizó el uso de escáneres, el manejo de mercancías y las estadísticas de incautaciones registradas hasta junio de 2025.
El bajo control de importaciones en Iquique
¿Qué tan efectiva es la Aduana de Iquique? Según el ente contralor, la cifra es alarmante: entre enero de 2024 y marzo de 2025 se contabilizaron 74.827 operaciones de importación, pero la entidad solo fiscalizó 1.099. Esto representa apenas el 1,47% del total. De este grupo, 257 fueron solo validaciones documentales, sin examen físico.
En contraste, el control sobre las exportaciones fue más riguroso, alcanzando un 45,8% de fiscalización sobre 8.214 operaciones. El informe advierte que este desequilibrio compromete la vigilancia estratégica. Al respecto, el organismo señaló:
La DRAI fiscalizó únicamente el 1,47% del total de las operaciones de importación, lo que expone a la entidad al riesgo de que no se detectaran contrabandos de especies y tráfico de drogas.
Equipamiento inoperativo y falta de trazabilidad
La capacidad técnica también está en entredicho. La auditoría confirmó que Aduana no dispuso de equipamiento mayor permanente en puntos críticos como el puerto de Iquique, la Avanzada de El Loa y la Zona Franca. De 7 equipos menores de control, solo 2 estaban operativos, contraviniendo los principios de eficacia de la ley N° 18.575.
Además, se detectaron graves inconsistencias en los sistemas internos DIN, DUS y DECARE. Se hallaron denuncias erróneas marcadas como «sin observación» y una nula trazabilidad para consolidar las incautaciones. Este desorden administrativo ha impedido gestionar riesgos operacionales, pese a que las incautaciones han crecido de 616 en 2020 a 972 en 2024, abarcando desde drogas hasta cigarrillos y productos de propiedad intelectual.
Probidad y sanciones pendientes
La Contraloría también puso el foco en la gestión interna: 8 denuncias sufrieron dilaciones de hasta 258 días para ser registradas. Asimismo, un proceso sancionatorio (expediente N° 6 de 2024) superó el límite legal de 6 meses. En el ámbito de la probidad, 9 funcionarios del escalafón de fiscalizadores omitieron sus declaraciones de intereses y patrimonio en 2024 y 2025, incumpliendo la ley N° 20.880.
El informe cierra con una imagen preocupante: vehículos incautados por infracciones a la ley N° 20.000 se encuentran en abandono a la intemperie en las avanzadas de Quillagua y El Loa. Ante la falta de un procedimiento formal para prevenir conflictos de interés entre funcionarios y agentes aduaneros, queda la duda sobre qué medidas correctivas tomará el Servicio Nacional de Aduanas para revertir esta vulnerabilidad sistémica que afecta la seguridad fronteriza del norte del país.
