El gobierno de Cuba ha implementado un giro radical en su política económica al permitir, desde este martes, que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior inviertan formalmente en la isla. Este cambio legal, que busca captar el capital de los cerca de tres millones de emigrados, ocurre en un momento de máxima tensión con Estados Unidos y bajo la amenaza directa de Donald Trump, quien ha manifestado que prontamente tomará el control del país.
La entrada en vigor del Decreto-Ley 117, publicado en la Gaceta Oficial, formaliza la condición migratoria de inversores y de negocios para quienes viven fuera de la isla. Con esta medida, La Habana aspira a fortalecer los lazos comerciales y recuperar un sistema asfixiado por la falta de financiación multilateral y el bloqueo petrolero estadounidense.
Alcance y nuevas reglas para inversores
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, ya había anticipado en marzo que esta reforma trasciende la esfera comercial. El objetivo es atraer capital hacia sectores estratégicos como el turismo, la minería y el área energética. Por su parte, Mario Méndez, jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (Minint), aclaró que estos nuevos inversores contarán con los mismos derechos que los residentes locales.
Los ciudadanos cubanos que obtengan la categoría de inversores y de negocios contarán con los mismos derechos que los que poseen residencia efectiva en el territorio nacional.
El gobierno trabaja de forma acelerada para que los inversores operen sin intermediarios. Además, se elimina el concepto de emigrado, aplicado anteriormente a quienes pasaban más de 24 meses fuera sin regresar, una etiqueta que ahora desaparece. La subdirectora general de Asuntos Consulares, Malluly Díaz, precisó que para acceder a este estatus, el interesado debe tener un proyecto de negocio aprobado en la isla y una relación formal con una entidad económica local.
Cambios en la Ley de Migración y presión de EE.UU.
Dentro de los próximos 180 días entrarán en vigor otros apartados de la Ley de Migración que permitirán a los cubanos en el exterior mantener sus propiedades en la isla. Asimismo, se introduce la Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan más de 180 días al año en el territorio nacional o demuestren vínculos familiares, laborales o patrimoniales sólidos.
Mientras Cuba intenta abrir esta puerta financiera, Washington mantiene una política de máxima presión. El pasado 1 de mayo, Estados Unidos amplió sus sanciones para incluir a cualquier empresa no estadounidense que negocie con Cuba en sectores críticos. En medio de esta crisis estructural y apagones prolongados, Donald Trump ha elevado el tono, afirmando recientemente su intención de intervenir en la isla. ¿Será suficiente esta apertura económica para frenar el impacto del bloqueo y la inestabilidad política, o el endurecimiento de Washington terminará por frustrar la llegada de capitales de la diáspora?
