Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto una grave deficiencia administrativa en el Servicio de Salud de Tarapacá (SST). El organismo fiscalizador reveló que la entidad no ha gestionado el cobro de más de $12 mil millones vinculados a 17.390 licencias médicas de sus funcionarios, tramitadas específicamente entre enero de 2023 y marzo de 2025.
Este hallazgo se enmarca en las investigaciones del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, documento que encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas, incluyendo casos de trabajadores que habrían viajado al extranjero durante su periodo de reposo. Ante este escenario, la Contraloría procedió a revisar 33.736 licencias, cuyos resultados fueron oficializados en el Informe Final de Examen de Cuentas N° 597 de 2026.
Deficiencias contables y falta de control
El informe detalla graves falencias en la gestión y el registro contable de los subsidios por incapacidad laboral. El Servicio de Salud de Tarapacá ha fallado al no registrar con oportunidad los montos aprobados por organismos como la COMPIN o las ISAPRES, lo que provoca que una parte sustancial de los recursos pendientes de cobro quede fuera de su contabilidad.
La revisión técnica de la CGR también permitió verificar que, del total de subsidios que el servicio sí logró recuperar, el 86% carece de un detalle claro respecto a las licencias asociadas. A esto se suma una diferencia contable de más de $507 millones al contrastar los registros financieros con los auxiliares de cobranza, evidenciando un desorden administrativo crítico.
Inconsistencias en el sistema de RRHH
La situación se agrava al considerar los datos aportados por la SUSESO, que detectó inconsistencias en más de 18 mil folios de licencias médicas dentro del Sistema de Información de Recursos Humanos. Esta falla técnica dificulta gravemente el seguimiento del proceso de tramitación, retrasando o incluso impidiendo que se ejecuten las acciones de cobro necesarias contra las instituciones de salud responsables, ya sean FONASA o prestadores privados.
Tras confirmar estos hechos, la Contraloría instruyó al SST iniciar las gestiones de cobranza por la totalidad de los montos adeudados en un plazo máximo de 60 días. Además, se ordenó reforzar los controles internos y optimizar la contabilización de los subsidios. Finalmente, el ente contralor abrirá un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que permitieron este nivel de descontrol en la gestión de fondos públicos. ¿Logrará el Servicio recuperar los millonarios montos antes del vencimiento del plazo fijado?
