Operativo policial en el municipio
La mañana de este lunes, efectivos de la Brigada de Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un procedimiento clave en dependencias de la Municipalidad de Peñalolén. La diligencia tuvo como objetivo central la incautación de computadores, específicamente el equipo utilizado anteriormente por la exalcaldesa de la comuna, Carolina Leitao. En total, el operativo derivó en el retiro de 11 dispositivos computacionales que servirán como evidencia para las pericias en curso.
La querella que dio inicio a la investigación
Esta acción judicial se enmarca en la querella presentada el pasado 4 de marzo por la actual administración municipal, liderada por el alcalde Miguel Concha (FA). El documento legal imputa a Leitao y a otros exfuncionarios de confianza por los delitos de presunto fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Según los antecedentes expuestos por la actual gestión, el esquema habría permitido ocultar un déficit y un uso indebido de recursos que ascienden a la cifra de $12.223 millones.
Exfuncionarios involucrados
Además de Carolina Leitao, la querella nombra explícitamente a tres personas que formaron parte de su equipo municipal:
- Patricio Escobar, exadministrador municipal.
- Tamara Rubio, directora de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), quien actualmente se encuentra suspendida debido a un sumario interno.
- Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).
Todos ellos son sindicados como partícipes de una estructura que permitió desviar fondos y enmascarar la verdadera situación contable del municipio.
Mecanismos del fraude: Sobreestimación y desvío de fondos
De acuerdo con la acción judicial, la administración anterior habría implementado diversas tácticas para disimular la crisis financiera. Entre ellas, destaca la sobreestimación del presupuesto y la ejecución de gastos sin respaldo, omitiendo o subvalorando deudas reales. Un ejemplo crítico es el presupuesto de 2025, donde se destinaron apenas $45 millones para cubrir deudas superiores a los $9.147 millones, lo que derivó en una deuda flotante de más de $11 mil millones y un saldo negativo de caja de $2.306 millones.
El documento también detalla el uso indebido de recursos con destino específico, tales como:
- $1.966 millones provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), destinados a obras como canchas y plazas, pero utilizados para otros gastos operativos.
- $947 millones correspondientes a boletas de “garantías de urbanización” por obras que nunca llegaron a ejecutarse.
Estado del proceso judicial
La tesis de la querella sostiene que Carolina Leitao dirigió y coordinó estas maniobras, presentando balances financieros falsos para aparentar una salud económica que no existía. Actualmente, la causa se encuentra radicada en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago. De ser admitida, se fusionará con la investigación que la Fiscalía Oriente ya desarrolla de oficio. El alcalde Miguel Concha, por su parte, ya prestó declaración ante la PDI para colaborar con el esclarecimiento de estos hechos.
