Mañana arranca en Puerto Montt la audiencia de preparación de juicio oral por el bullado Caso Convenios, específicamente en la arista Kimün. El Ministerio Público busca acreditar un fraude al fisco que asciende a $1.200 millones, fondos que fueron entregados por el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos con el objetivo original de sanear los títulos de dominio de 800 familias campesinas, un proceso que nunca se concretó.
Pruebas clave y los protagonistas del fraude
La Fiscalía llega a esta instancia con una carga probatoria contundente que incluye más de 150 testigos, un millar de documentos y el trabajo técnico de 8 peritos. Según la investigación, el dinero entregado en 2022 no se utilizó para el fin social prometido, sino que fue desviado presuntamente para cubrir deudas de una institución educacional vinculada a los directivos de la corporación.
Entre los seis imputados que enfrentan cargos por delitos de corrupción se encuentran figuras clave:
- Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün.
- Diego Ancalao, excandidato presidencial y presidente de Fundelín.
- Viviana Godoy, exadministradora regional, acusada de intervenir en la aprobación y duplicación de los fondos.
- Gloria González, exjefa de la División de Fomento e Industria.
- Rodrigo Fuentes, acusado de recibir coimas para adulterar la acreditación de la organización.
- Viviana Guzmán, lobbista señalada por gestionar los nexos y las coimas para la obtención de los recursos.
¿Qué dicen las partes y qué se espera del juicio?
El fiscal Marco Muñoz fue enfático al señalar que la Corporación Kimün carecía de la capacidad técnica y económica necesaria para ejecutar las 800 soluciones de saneamiento prometidas. Por su parte, Rodrigo Tejos, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), recalcó la importancia de las evidencias materiales incautadas, como computadores y celulares, para demostrar los delitos imputados.
Cada medio de prueba tiene su importancia para que se estime por acreditado todos los delitos que forman parte de la acusación.
El senador Fidel Espinoza, quien actúa como querellante, ha solicitado públicamente condenas ejemplificadoras, una postura compartida por la UDI, que también es parte querellante y espera las máximas penas tras la revisión de las pruebas. Dada la extensión de la evidencia, el fiscal Marco Muñoz proyectó que el juicio oral podría prolongarse durante todo el presente año. La justicia deberá resolver ahora si el desglose de estos antecedentes será suficiente para condenar a los implicados por el uso irregular de dineros públicos.
