Este lunes arranca en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco un juicio clave contra cinco carabineros, acusados por el Ministerio Público de cometer apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación. El caso, que ha generado interés por la gravedad de las imputaciones, se remonta a los incidentes ocurridos el 29 de abril de 2021 durante la detención de Alberto Curamil Millanao en la comuna de Perquenco.
Los uniformados que enfrentan este proceso judicial pertenecen a la Primera Comisaría de Control de Orden Público de Temuco. Se trata de los capitanes Ronald Mittersteiner Burgos y Francisco Medina Larrondo; el sargento primero Iván Galdámez Smith; y los cabos segundos Juan Aguilera Miranda y Juan Bastias Echevarría.
Detalles del procedimiento y acusaciones
La abogada Pamela Nahuelcheo, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y querellante en la causa, confirmó el inicio de las audiencias. Según explicó la jurista, los hechos afectaron directamente a Alberto Curamil Millanao en la comunidad Coyán Montre, en un contexto de manifestaciones donde los efectivos habrían incurrido en un uso indebido del armamento de servicio.
El día lunes comenzará un juicio oral en contra de cinco funcionarios de la novena zona de Control de Orden Público de Carabineros, uno de ellos con grado de capitán, por hechos ocurridos en abril del año 2021 y que afectaron a la víctima Alberto Curamil Millanao. Los hechos dicen relación con un procedimiento desarrollado en la comuna de Perquenco, donde los funcionarios hicieron uso antireglamentario de escopetas antidisturbios, produciendo lesiones a la víctima en distintas partes de su cuerpo.
La Fiscalía sostiene que el personal policial se trasladó al kilómetro 627 de la Ruta 5 Sur tras reportarse cortes de tránsito. Tras una persecución, los funcionarios habrían disparado sus escopetas antidisturbios a una distancia no permitida por los reglamentos internos, resultando el comunero con diversas lesiones antes de ser trasladado a la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro bajo cargos de desórdenes públicos.
El agravante de obstrucción a la investigación
Un punto crítico de la acusación es el delito de obstrucción a la investigación. El Ministerio Público argumenta que los efectivos policiales declararon ante las autoridades falseando deliberadamente la secuencia de los hechos con el fin de ocultar su responsabilidad en las lesiones provocadas a la víctima.
Actualmente, el ente persecutor está solicitando penas que fluctúan entre los 540 días y los cuatro años de presidio, sumado a multas de 12 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para cada uno de los agentes acusados. Se espera que durante el desarrollo del juicio en Temuco, las partes presenten sus pruebas testimoniales y periciales para determinar la culpabilidad de los funcionarios implicados.
