El descubrimiento de al menos ocho fetos encontrados en bolsas de basura dentro de una clínica en Villa Ballester, Buenos Aires, ha desatado una investigación judicial que pone en jaque la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente en Argentina desde 2021. El caso salió a la luz a mediados de abril tras la desaparición de una niña de 12 años en Santiago del Estero, quien estaba embarazada de 32 semanas a raíz de una violación.
La búsqueda de la menor terminó en la clínica Santa María, a más de 1.200 kilómetros de su hogar, donde se encontraba junto a su madre. Durante el allanamiento, la Policía encontró fetos descartados de forma irregular, algunos con signos de desmembramiento, lo que contraviene los estrictos protocolos de residuos biopatogénicos que exigen trazabilidad e identificación.
Incógnitas judiciales y la sombra de una red clandestina
La Justicia, liderada por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 de San Martín, trabaja para determinar si uno de los fetos hallados corresponde al embarazo de la niña santiagueña mediante pericias de ADN. La investigación, caratulada como “averiguación de ilícito”, busca esclarecer si se trató de una práctica amparada por la Ley Nº 27.610 o si el avanzado estado de gestación permitió un parto inducido, abriendo la puerta a hipótesis sobre un circuito ilegal de entrega de recién nacidos.
Otro punto crítico bajo la lupa es el rol de una ONG de Buenos Aires que habría financiado el traslado de la menor y su madre, un hecho que genera sospechas sobre posibles redes paralelas, dado que la ley garantiza el acceso gratuito a la IVE en todo el territorio nacional.
El debate por la Ley IVE y la realidad en las provincias
La legislación argentina permite el aborto hasta la semana 14, aunque ante causales de violación o peligro para la salud, la práctica es legal incluso en etapas avanzadas. Santiago del Estero, provincia de origen de la menor, reporta una de las tasas de interrupción más bajas del país (0,04 por cada mujer en edad fértil), según el Proyecto Mirar, lo que hace preguntarse a la Justicia sobre posibles fallas institucionales que demoraron la atención hasta el octavo mes de gestación.
El contexto político añade tensión: sectores de La Libertad Avanza, respaldados por organizaciones evangélicas como Aciera, han presionado por la derogación de la ley. El pastor Christian Hooft calificó la situación como una “tragedia” al argumentar la caída de la natalidad. Sin embargo, aunque el presidente Javier Milei rechaza la normativa, su modificación no figura en la agenda inmediata por el alto costo político.
Según el Ministerio de Salud, entre 2021 y 2024 se realizaron más de 356 mil prácticas en el sistema público. Mientras tanto, Amnistía Internacional advirtió que en 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso. A la fecha, no hay detenidos en la clínica de Villa Ballester, y el avance de las pericias forenses será determinante para definir si el hallazgo es el resultado de un vacío de gestión pública o una red de delitos graves.
