El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha rechazado categóricamente la querella presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura, vinculada al complejo proceso de reconstrucción en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. La cartera, a través de un comunicado oficial, aseguró que todas sus decisiones se fundamentan en antecedentes técnicos, la normativa vigente y una estricta protección de los recursos públicos, priorizando además la seguridad de las 356 familias damnificadas por el incendio del 2 de febrero de 2024.
Desde el ministerio, se detalló que los informes técnicos elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso son actos emitidos por organismos plenamente competentes, descartando de plano cualquier acusación de falsificación. Asimismo, puntualizaron que si existieran errores de carácter administrativo, la vía correcta para su revisión son las instancias regionales correspondientes.
El Minvu también desestimó firmemente las acusaciones de coacción, insistiendo en que todas sus actuaciones se han enmarcado rigurosamente dentro de sus atribuciones legales. En este contexto, defendieron el rol del ministro Iván Poduje, quien ha ejercido su función de supervigilancia conforme a la normativa. Al respecto, la subsecretaria de la cartera, Natalia Aguilar, fue enfática al señalar:
«El ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción».
Aguilar añadió que el objetivo primordial del ministerio ha sido garantizar que las viviendas destinadas a las familias de El Olivar cumplan con los más altos estándares técnicos y de seguridad exigidos.
En cuanto a la grave acusación de un posible fraude al fisco, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sostuvo que tal imputación carece de toda lógica. Argumentaron que la intervención de la institución precisamente busca evitar que el Estado chileno continúe financiando proyectos que presenten observaciones o fallas de diseño, salvaguardando así los recursos públicos.
El proceso en la justicia y la denuncia previa del Minvu
La cartera recordó que, incluso antes de la querella presentada por Social Arquitectura, el propio ministro Iván Poduje ya había ingresado una denuncia formal ante el Ministerio Público. Esta acción iba dirigida contra la constructora San Sebastián Ltda. y la propia entidad patrocinante, por posibles delitos como fraude al Fisco, estafa y el uso malicioso de certificaciones, entre otros ilícitos.
Asimismo, desde el Minvu señalaron que todos los antecedentes relevantes del caso han sido oportunamente puestos a disposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado. Serán los tribunales de justicia los encargados de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer los hechos.
Finalmente, el ministerio recalcó que las 356 viviendas en cuestión son para familias que perdieron absolutamente todo en el incendio del 2 de febrero de 2024. Reiteraron que su prioridad indiscutible es avanzar con celeridad en la entrega de soluciones habitacionales “dignas, seguras y bien construidas”.
La subsecretaria Natalia Aguilar concluyó el comunicado reafirmando la postura de la institución:
«Actuamos con responsabilidad, con apego a la ley y con un único objetivo: que las familias de El Olivar reciban viviendas dignas.»
Mientras la justicia avanza en la investigación de las responsabilidades, el Minvu asegura que mantendrá su foco en asegurar que la reconstrucción de El Olivar se concrete bajo los más altos estándares, buscando dar pronta solución a la urgente necesidad de un hogar para cientos de familias afectadas. ¿Serán suficientes las acciones legales para garantizar la entrega de viviendas seguras y dignas a tiempo?
