Un duro revés legal enfrentó la Municipalidad de Lonquimay tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que ordenó la reincorporación inmediata de 16 asistentes de la educación. Estos trabajadores fueron desvinculados durante un reciente ajuste de personal dentro del sistema educativo municipal, una medida que el ente fiscalizador determinó que no se ajustó a derecho.
El municipio intentó justificar los despidos argumentando un déficit presupuestario en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Esta postura se respaldó en una auditoría externa que apuntó a una supuesta sobredotación de personal y un eventual incumplimiento de la legalidad presupuestaria. Sin embargo, para la Contraloría, estos argumentos resultaron insuficientes.
¿Por qué falló la Contraloría a favor de los trabajadores?
La investigación del organismo demostró que la causal utilizada —basada en la letra b) del artículo octavo transitorio de la ley N° 21.109— no era aplicable al caso. Dicha normativa exige estrictamente que existan procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales. No obstante, el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2026 no contemplaba ninguna de estas circunstancias, dejando sin sustento jurídico la salida de los funcionarios.
Al respecto, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez Rivas, reconoció la obligatoriedad del fallo:
“Esto es parte de la legalidad que uno tiene que cumplir. En este caso, nos dicen que el tema financiero no es una justificación para desvincular personal y nos pidieron reincorporar a sus funciones a todas las personas que habían sido separadas”.
El dictamen no solo exige dejar sin efecto las resoluciones de cese de funciones, sino que instruye al municipio a restituir a los trabajadores en sus cargos. Además, la entidad edilicia deberá pagar la totalidad de las remuneraciones y beneficios que los afectados dejaron de percibir desde el momento de su desvinculación hasta su reincorporación efectiva.
Actualmente, la Municipalidad de Lonquimay se encuentra en proceso de cumplir con la orden, debiendo remitir a la Contraloría todos los antecedentes que certifiquen el reintegro dentro de los plazos legales establecidos. Queda por ver si el municipio logrará estabilizar sus finanzas por vías alternativas que no involucren el despido de personal protegido por la ley.
