La ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, presentó una querella criminal contra una inspectora de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Providencia. La acción judicial, ingresada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, acusa a la funcionaria Arlette Patricia Cutiño Gottchalk de delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de documento y denuncia calumniosa.
El conflicto legal se remonta al robo del teléfono móvil de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier Ramírez, madre de la querellante. El suceso ocurrió el 29 de octubre de 2025, entre las 20.30 y 21.30 horas en la comuna de Providencia, incidente que fue denunciado ante Carabineros al día siguiente.
¿Hubo manipulación de pruebas en la investigación de la PDI?
Según detalla la querella, la investigación policial habría construido una versión que no se ajusta a la realidad. La parte querellante sostiene que el informe policial fue “alterado deliberadamente”, mediante la eliminación de datos cruciales de georreferenciación telefónica para sustentar la tesis de un autorrobo.
La querellada y su grupo investigativo adulteraron un documento oficial (material e ideológicamente), pero además atribuyeron a la Sra. Quintana un hecho que esta jamás realizó con información completamente falsa.
El escrito judicial expone que documentos posteriores de la compañía telefónica desmienten la versión policial. Mientras el teléfono de la exministra permaneció en Providencia, las llamadas realizadas por la ministra Quintana Letelier al dispositivo sustraído a las 21.58 horas aparecen georreferenciadas en el sector de Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea, domicilio de la jueza.
Impacto en la honra y filtración a medios
La querellante acusa que la supuesta manipulación permitió ejecutar diligencias intrusivas, como órdenes de entrada, registro e incautación, además de facilitar filtraciones a la prensa. La ministra apunta directamente a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, por utilizar esta información para obtener el descerrajamiento e incautación del celular de su madre.
La acción judicial subraya el daño a la honra de la magistrada, quien se ha visto expuesta públicamente debido a las declaraciones de la fiscal Perivancich Hoyuelos en diversos medios de comunicación, donde se habrían presentado antecedentes sin considerar el carácter reservado de la investigación. Actualmente, el escrito judicial aún no ha sido acogido a trámite, según se verifica en el sistema del Poder Judicial, quedando pendiente su admisibilidad por parte del tribunal.
