Un grave escenario enfrenta la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) luego de que salieran a la luz supuestas irregularidades en la entrega de información ambiental a la autoridad. Específicamente, se investiga la presunta manipulación de cifras sobre emisiones contaminantes en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, las cuales no se ajustarían a la realidad.
¿Qué ocurrió con los reportes de la estatal? Según antecedentes revelados por el Diario Financiero, el personal de ENAP habría informado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que la compañía cumplía rigurosamente con los límites establecidos en el Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA). Sin embargo, dicha información habría sido alterada deliberadamente.
Acciones legales y junta de accionistas
El hallazgo fue detectado a comienzos de este año por el directorio de la firma, lo que disparó una revisión interna exhaustiva. La controversia llegó a su punto máximo durante la reciente junta de accionistas, donde participaron los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Ximena Rincón, en representación del Estado.
Al cierre de la sesión privada, la ministra Ximena Rincón calificó el suceso como una “contingencia legal ambiental” de alta gravedad para el accionista estatal. Por ello, se instruyó la entrega de un informe detallado en un plazo máximo de 15 días, paso previo a posibles medidas administrativas, regulatorias o incluso penales.
El nuevo presidente del directorio, Cristián Muga, ha tomado un rol protagónico en este proceso, buscando agilizar las investigaciones iniciadas desde su llegada al cargo en el mes de marzo. La presión por esclarecer la veracidad de los datos entregados a la SMA es ahora la prioridad absoluta para el gobierno corporativo.
Resultados históricos y el futuro de ENAP
En medio de este conflicto, también se abordaron los estados financieros de la compañía. Se informó que ENAP registró resultados históricos durante el último periodo, alcanzando utilidades por US$ 848 millones. De esta cifra, el 70% será transferido directamente a las arcas fiscales durante el año 2025.
A pesar de la sólida posición financiera, la incertidumbre respecto a la ética operativa y el cumplimiento ambiental marca un precedente complejo. ¿Qué consecuencias penales podría enfrentar la estatal si se confirma que los informes entregados a la autoridad fueron efectivamente falsificados? La respuesta definitiva llegará tras la entrega del informe interno en las próximas dos semanas.
