A solo un mes de que expire el plazo constitucional que permite fiscalizar las actuaciones de exministros de Estado, la derecha intensifica sus movimientos. El Partido Republicano y el bloque opositor evalúan presentar una acusación constitucional tanto contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, como contra el ex titular de Vivienda, Carlos Montes.
La normativa chilena establece un periodo ventana de tres meses tras el término de un gobierno para que el Parlamento pueda hacer efectivas las responsabilidades políticas de sus antiguos colaboradores. Ante el poco tiempo restante, la ofensiva busca definir responsabilidades ante presuntas irregularidades.
El caso Nicolás Grau: sospechas de dolo fiscal
El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, lidera las gestiones para analizar los antecedentes del exministro Nicolás Grau. La bancada sostiene que no se trata de errores aislados, sino de un comportamiento reiterado en la gestión de recursos públicos.
Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando.
El diputado recordó que durante el último debate presupuestario ya se habían lanzado advertencias sobre una posible ofensiva judicial y política contra el exsecretario de Estado si no se aclaraban sus actuaciones en materia fiscal.
Montes y el informe crítico de Contraloría
Por otro lado, la situación de Carlos Montes se ha vuelto crítica tras la publicación de un informe por parte de la Contraloría General de la República. El documento aborda la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, señalando serias deficiencias en la gestión de terrenos.
El actual ministro del Minvu, Iván Poduje, ha sido enfático en que los parlamentarios deben evaluar los datos expuestos. Según Poduje, la compra de terrenos a precios excesivamente altos en un contexto de escasez habitacional no puede ser ignorada por el Poder Legislativo:
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy tenemos un déficit de 500 mil familias en terrenos vacíos, que se compraron a precios muy altos. Entonces, el Parlamento tiene que tomar una decisión y que hay bastantes razones para tomarlas.
Actualmente, el ambiente en el Congreso es de alta tensión. Con el cronómetro corriendo, las bancadas opositoras deben decidir en las próximas semanas si formalizarán los libelos acusatorios o si las presiones políticas se mantendrán solo en el plano de la fiscalización discursiva. El desenlace de esta evaluación definirá el cierre del ciclo de responsabilidades políticas del Ejecutivo anterior.
