Una intensa controversia política se ha desatado en Chile tras el anuncio de un plan de ajuste fiscal que proyecta alcanzar los $5,4 billones hacia 2027. La medida, que podría afectar a 142 programas estatales, se enmarca en la planificación presupuestaria de los próximos años. Mientras el Ejecutivo defiende la estrategia como necesaria para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, la oposición ha alzado la voz, advirtiendo sobre el posible impacto en políticas sociales fundamentales.
Desde el Ministerio de Hacienda han salido a desmentir trascendidos que apuntaban a la afectación de beneficios esenciales, como el de alimentación escolar. La cartera enfatizó que la intención es aplicar ajustes únicamente en aquellos programas que han demostrado tener una mala evaluación según los informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue enfático al asegurar que beneficios clave como becas o la alimentación escolar no se verán afectados. Reiteró que los ajustes se dirigirán a programas con bajo rendimiento, basándose en las evaluaciones entregadas por la Dipres.
Sin embargo, desde la oposición la visión es crítica. La exministra del Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, cuestionó duramente la propuesta, calificándola como una medida “irresponsable”.
“Creo que hay mucho de arrogancia (…). Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable de mandar oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen realmente”
En contraparte, la diputada oficialista Chiara Barchiesi defendió la iniciativa, señalando que forma parte del ajuste fiscal necesario y que los recortes se enfocarán en programas con evaluaciones negativas.
El debate continúa abierto, con la oposición en estado de alerta ante las medidas anunciadas por el Gobierno. La discusión se centra en cómo ejecutar estos recortes sin generar un impacto social adverso, manteniendo la atención en la evaluación de cada programa estatal.
Fuente: BioBio Chile
