La crisis administrativa que atraviesa el Hospital de San Antonio escaló este lunes hacia el ámbito legislativo. El diputado frenteamplista Jaime Bassa presentó un oficio ante el Ministerio de Salud (Minsal) para exigir respuestas detalladas sobre la repentina solicitud de renuncia de la directora del establecimiento y el futuro de la dotación médica del recinto.
Esta polémica estalló el jueves pasado y generó un fuerte impacto en la red asistencial de la zona. Ante el vacío de poder, las autoridades ya definieron a un nuevo director subrogante, pero las dudas sobre la estabilidad del servicio persisten en la comunidad.
Preocupación por la atención de usuarios
¿Qué riesgos enfrentan los pacientes ante esta inestabilidad institucional? Para Bassa, el problema trasciende lo administrativo y se convierte en una amenaza directa a la continuidad de los cuidados. El parlamentario advirtió que la incertidumbre sobre el cuerpo médico pone en jaque la atención de miles de personas que dependen de este hospital.
“Cuando existe incertidumbre respecto de la dotación médica, el riesgo es directo para los usuarios, y eso es algo que no puede ocurrir. Por eso oficiamos al Ministerio de Salud: necesitamos claridad sobre las razones de esta decisión, pero sobre todo saber qué medidas concretas se están tomando para asegurar que la atención no se vea interrumpida, especialmente ante la eventual renuncia de médicos”
El legislador enfatizó que la salud pública no puede ser rehén de decisiones que omitan los efectos colaterales en la atención. Según su postura, el estándar mínimo exigible para cualquier gestión es garantizar la continuidad, la calidad en el servicio y brindar certezas a la población afectada.
Los puntos clave del oficio
El documento enviado por el diputado no solo apunta a las causas del despido, sino que exige una hoja de ruta clara para contener la crisis. Los requerimientos enviados al Minsal incluyen:
- Las razones formales que fundamentaron la salida de la exdirectora del centro asistencial.
- Un plan de contingencia ante la amenaza de una renuncia masiva que involucraría a al menos 17 médicos.
- El detalle de las acciones específicas para asegurar que la atención no se vea interrumpida o sea menos efectiva.
- Estrategias concretas para abordar la brecha de especialistas y fortalecer la dotación médica en toda la red hospitalaria.
Por ahora, mientras se espera la respuesta oficial del Minsal, la incertidumbre se mantiene en la provincia. La capacidad de las autoridades para retener a los profesionales médicos y mantener el funcionamiento operativo será el factor determinante para evitar que este conflicto administrativo termine afectando el derecho a la salud de los usuarios.
