La silla musical de la violencia escolar
El reciente informe de la Contraloría General de la República dejó en evidencia una preocupante realidad en la gestión de la violencia escolar: la existencia de una verdadera “silla musical” entre alumnos expulsados de liceos emblemáticos. Los datos analizados durante 2024 y 2025 muestran que las sanciones aplicadas por los establecimientos no están logrando frenar el fenómeno, sino que simplemente desplazan el problema hacia otros colegios de similar naturaleza.
Las cifras son reveladoras. Durante 2024, el Liceo José Victorino Lastarria expulsó a seis alumnos: de ellos, cuatro terminaron matriculados en el Instituto Nacional, uno en el INBA y el sexto fue acogido en el Liceo de Aplicación. En una dinámica espejo, dos estudiantes expulsados del Instituto Nacional en 2025 y uno con cancelación de matrícula en 2024 fueron recibidos por el liceo de Providencia.
Fiscalización deficiente y omisiones graves
El documento de Contraloría, difundido este lunes, puso bajo la lupa el actuar de la Superintendencia de Educación (SIE) y la Subsecretaría de Educación. El ente fiscalizador fue categórico al señalar que los recintos que lideran el ranking de denuncias y sanciones a nivel nacional durante el periodo 2024-2025 no fueron objeto de fiscalización por parte de la SIE dentro de su programa “Convivencia y Salud Mental”.
En total, el organismo detectó que 38 alumnos que habían sido sancionados con la cancelación de su matrícula o expulsión fueron reubicados o mantienen su matrícula vigente en otros colegios emblemáticos o, incluso, dentro del mismo establecimiento de origen, según el registro del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE).
El caso INBA y la ley Aula Segura
El informe dedicó un apartado especial a las medidas correctivas. Sobre el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), la Contraloría advirtió que no se aplicó correctamente la Ley N° 21.128, conocida como “Aula Segura”. Esta falta de acción es particularmente crítica al recordar los eventos del 23 de octubre de 2024, donde al menos 35 estudiantes sufrieron quemaduras de gravedad tras la manipulación de artefactos incendiarios dentro del recinto.
El análisis del ente contralor refuerza que las falencias institucionales han impedido dar un atajo efectivo a la violencia, permitiendo que la rotación de alumnos sancionados continúe sin mayores controles en el sistema público de educación secundaria en Santiago.
