El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de irregularidades que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, afectado por el incendio de febrero de 2024.
Según el documento firmado por el ministro Iván Poduje, la empresa Constructora San Sebastián y otras entidades participantes en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales habrían incurrido en presuntas irregularidades. Uno de los puntos más graves apunta al uso indebido del sistema constructivo «Fast Work», el cual solo está aprobado para viviendas de un piso, pero habría sido utilizado en edificaciones de dos niveles y en configuraciones no autorizadas.
Riesgos estructurales y de seguridad
La División Técnica del ministerio detectó «serias dudas» respecto al comportamiento sísmico de las viviendas, advirtiendo sobre sistemas estructurales «poco claros» en dirección transversal, falta de elementos que garanticen rigidez estructural y uso de paneles no certificados como elementos sismorresistentes. Esto podría implicar riesgos de deformaciones que afectarían tanto la estructura como elementos no estructurales.
Además, se encontraron deficiencias en la resistencia al fuego, particularmente por el uso de estructuras metálicas sin verificación de protección adecuada. Esto resulta especialmente preocupante, considerando que las viviendas buscan reemplazar aquellas destruidas en el incendio de 2024.
Denuncias de familias y presiones de la constructora
Familias damnificadas acusaron que la constructora habría modificado materiales comprometidos sin su consentimiento, lo cual fue respaldado por informes técnicos del propio ministerio. Asimismo, se reportaron presuntas presiones económicas para impedir que los beneficiarios cambiaran de entidad patrocinante, amenazándolos con un cobro de $1.200.000 descontado del subsidio habitacional.
Posibles delitos
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos: estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas, y tráfico de influencias. Además, se advierte que los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF en recursos públicos.
Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades en un caso que impacta directamente a las familias afectadas por una de las tragedias más graves recientes en la región.
