La Inmobiliaria San Valentino ha salido al paso de las recientes declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre el conflicto por la compra de la Clínica Sierra Bella. La empresa inmobiliaria afirma que el jefe comunal «falta a la verdad» al señalar que existe un delito penal en este caso, cuando este punto ya fue juzgado y cuenta con una sentencia firme y ejecutoriada.
Según la inmobiliaria, fueron los tribunales de justicia, y no la Municipalidad, quienes ordenaron la inscripción de la compraventa. Acusan al alcalde de pretender «instalar una versión diferente de los hechos» y de «litigar por la prensa para presionar a la justicia», una acción que califican como «impropia de cualquier autoridad democrática, y más aún de un abogado».
Embargabilidad de bienes municipales
Respecto al tema del embargo, Inmobiliaria San Valentino sostiene que el municipio omite información crucial. Indican que el tribunal resolvió de manera expresa que los bienes municipales sí pueden ser embargados, y que lo único excluido fueron los fondos de una cuenta corriente específica, la cual estuvo embargada desde el 23 de octubre pasado.
La compañía subraya que dicha resolución sobre la cuenta corriente no está firme y admite recursos, y que «la embargabilidad de los bienes municipales quedó plenamente ratificada y así está claro en la decisión de la justicia civil».
Estrategia comunicacional del municipio
Sobre la conducta procesal de la Municipalidad, la inmobiliaria revela que esta mantuvo sus cuentas embargadas durante semanas sin pronunciamiento. Califican el intento de victimización actual como «simplemente una estrategia comunicacional», cuyo objetivo es ocultar el hecho de que el contrato es válido y se ejecuta ante la justicia civil.
Además, la empresa se refiere a las reiteradas solicitudes presentadas por el municipio, las cuales ya fueron declaradas sin competencia por el 19° Juzgado Civil. Afirman que el municipio busca reabrir discusiones que están zanjadas y que «por creativos que sean sus planteamientos, no tienen sustento legal».
Acusaciones de falta de verdad
La inmobiliaria acusa directamente al alcalde Desbordes de faltar a la verdad en relación con la tasación de la fiscalía. Declaran: «El alcalde falta a la verdad señalando que la tasación de la fiscalía es de 3000 millones de pesos y él lo sabe». Añaden que es «más grave aún» que esto provenga de un abogado que conoce las consecuencias de dichas acciones.
Finalmente, la empresa compara estas maniobras con conductas conocidas públicamente en el «Caso Basura», sugiriendo que quizás de esa experiencia previa proviene «su desconfianza y el desconocer las sentencias judiciales».
