En una decisión histórica, el Senado de Chile ha aprobado la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, poniendo fin a su carrera de 35 años en el Poder Judicial.
La Acusación, que fue aprobada por 44 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones en su primer capítulo, y por 27 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones en el segundo y tercer capítulos, acusaba a Ulloa de notable abandono de deberes por intervenir en nombramientos judiciales, no inhabilitarse en causas cuando debía hacerlo y entregar información sensible sobre la conformación de salas, ternas y quinas.
Nexos con Luis Hermosilla
Los antecedentes que llevaron a la Acusación Constitucional surgieron del denominado caso Audio, en el que se vio involucrado el ministro Ulloa por sus presuntos vínculos con Luis Hermosilla, un personaje clave en el escándalo.
Durante la tramitación, Ulloa intentó matizar su relación con Hermosilla, calificándola de «precaria», y negó pertenecer a «una red de corrupción al interior del Poder Judicial». Sin embargo, los senadores consideraron que las pruebas eran contundentes.
Inhabilitación y pérdida de domicilio
Con la aprobación de la Acusación Constitucional, el Senado no solo destituyó a Ulloa de su cargo, sino que también lo inhabilitó por cinco años para ejercer funciones públicas y le quitó el domicilio institucional que ocupaba en la comuna de Vitacura.
Antecedentes previos
Cabe destacar que este no fue el primer revés que enfrentó el ministro Ulloa. Anteriormente, la Corte Suprema había revisado su cuaderno de remoción, pero no logró el quórum necesario para destituirlo. Esto se debió, en parte, a las gestiones realizadas por el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, para evitar su destitución.
Además, la Cámara de Diputados ya había aprobado la Acusación Constitucional en su contra, con 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, dejando su futuro en manos del Senado.
Conclusión
La destitución de Antonio Ulloa marca un hito en la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial chileno. Su caso pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema de justicia, a fin de preservar la confianza de la ciudadanía.
