En un escándalo que ha sacudido al sistema de justicia del Reino Unido, se ha revelado que 91 presos fueron liberados por error entre abril y octubre de 2025 en Inglaterra y Gales. Este preocupante hallazgo, publicado en un informe oficial del Ministerio de Justicia, pone de manifiesto graves fallas en los procedimientos de encarcelamiento y excarcelación.
Según el documento, los errores cometidos incluyen «órdenes de encarcelamiento o prisión preventiva extraviadas, notificaciones de reingreso no atendidas o errores en el cálculo de la pena, en los que un preso es liberado antes de la fecha correcta, o cuando se produce un error en el momento de la liberación definitiva». Incluso se han reportado casos de presos condenados por delitos graves, como un solicitante de asilo etíope por delitos sexuales y un inmigrante argelino por exhibicionismo, que fueron excarcelados por error y permanecieron en libertad.
Un aumento alarmante de los errores
Según datos oficiales, entre marzo de 2024 y abril de 2025 se registraron aproximadamente 262 presos liberados por error en Inglaterra y Gales, un 128% más que en el período anterior. Esto representa alrededor del 0,5% de la población penitenciaria de esas regiones del Reino Unido.
Desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024, también se ha liberado antes de tiempo -al cumplir el 40% de la pena fija, en lugar del 50% habitual- a unos 40.000 reclusos condenados por delitos menores, con el objetivo de aliviar la saturación de las cárceles mientras se construyen nuevas instalaciones. Sin embargo, esta medida parece haber contribuido a la ola de liberaciones erróneas.
Presión sobre el Gobierno y llamados a la rendición de cuentas
Estos incidentes han generado una fuerte presión sobre el Gobierno laborista, que ha sido acusado por la oposición conservadora y liberal demócrata de «incompetencia» en el manejo del sistema penitenciario. Además, se critica que la población haya conocido estos casos a través de los medios de comunicación, en lugar de por una comunicación proactiva del Ejecutivo.
Ante esta crisis de seguridad pública, el Gobierno se ve obligado a tomar medidas urgentes para mejorar los controles y procedimientos en las cárceles, a fin de evitar que más presos sean liberados por error. La credibilidad del sistema de justicia y la confianza de la ciudadanía están en juego.
